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El Gobierno ajusta gastos para sostener el superávit fiscal, en medio de la caída de la recaudación

La administración de Javier Milei busca preservar el equilibrio de las cuentas públicas frente a menores ingresos tributarios y mayores presiones del Congreso.

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El Ministerio de Economía avanza con distintas medidas para preservar el superávit fiscal en un escenario marcado por la desaceleración de la recaudación y nuevas obligaciones de gasto impulsadas desde el Congreso. Entre las decisiones recientes sobresalen la postergación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cambios en subsidios y asistencia financiera al PAMI mediante títulos públicos.

El ministro Luis Caputo reconoció que el margen para continuar ajustando el gasto es cada vez más reducido y sostuvo que el objetivo oficial pasa ahora por mejorar los ingresos del Estado. Según afirmó, el gasto público nacional ya se encuentra en niveles similares a los de la década del 90.

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Uno de los movimientos más importantes fue la postergación hasta noviembre de la entrada en vigencia del FAL, mecanismo vinculado al pago de indemnizaciones laborales. De acuerdo con estimaciones privadas, la decisión permitirá un ahorro equivalente al 0,15% del Producto Bruto Interno y forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para sostener las metas fiscales de 2026.

Al mismo tiempo, el Gobierno entregó al PAMI una cartera de Letras Capitalizables (Lecap) por unos $580.000 millones para cubrir necesidades financieras del organismo sin incrementar el gasto corriente inmediato.

Pese a que la recaudación mostró cierta recuperación durante mayo gracias al impuesto a las Ganancias, distintos informes privados advirtieron que los tributos más ligados al consumo y a la actividad económica continúan mostrando señales de debilidad. Entre ellos aparecen el IVA, el impuesto al cheque y las contribuciones patronales.

En paralelo, el oficialismo enfrenta nuevas presiones presupuestarias derivadas de leyes impulsadas en el Congreso, como el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Según cálculos difundidos por consultoras privadas y el FMI, ambas medidas representan un costo fiscal cercano al 0,35% del PBI.

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