Cornejo impulsa cambios en el Estatuto del Empleado Público tras fallos polémicos
El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura provincial un proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, que genera debate con los gremios estatales. La iniciativa plantea, entre otros puntos, la creación del personal de planta interina sin estabilidad propia, modifica las condiciones de reincorporación de empleados despedidos y elimina el pago de salarios caídos en estos casos.
El proyecto comenzó a ser analizado esta semana en las comisiones de diputados, donde los asesores del Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity, explicaron que la reforma busca reducir la inseguridad jurídica derivada de fallos divididos de la Suprema Corte de Mendoza sobre despidos de estatales.
El gobernador señaló que la ley vigente “está añeja” y que la reforma busca “ordenar un desorden” y ratificar que la estabilidad en el empleo público depende del ingreso por concurso, tal como estableció un fallo mayoritario de la Corte.
Fallos clave que motivan la reforma
Fallo de septiembre de 2024: La Corte declaró inconstitucional el artículo de la Ley 8798 que pasó a planta permanente a más de 5.000 trabajadores sin concurso, determinando que todos los ingresos y ascensos en el Estado deben realizarse por concurso de oposición y antecedentes.
Casos recientes: En junio de 2025, la Corte obligó a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) a reincorporar a un odontólogo despedido en 2016 y a pagarle los salarios caídos. En otra resolución de 2024, un community manager despedido en 2018 fue reincorporado tras demostrarse que su trabajo no requería horario ni lugar fijo, con pago de sueldos desde la cesantía hasta su reincorporación.
Antecedentes históricos: Desde 2022, la Corte también falló a favor de empleados cesanteados durante la gestión de Cornejo que habían ingresado a planta durante la administración anterior, incluyendo casos vinculados a exfuncionarios del gobierno peronista.
Según los expertos, la reforma busca establecer criterios claros para los vínculos laborales estatales y reducir las sentencias judiciales contradictorias que han generado incertidumbre en el sector público.
El proyecto ya está en discusión y, de aprobarse, cambiará el esquema de estabilidad laboral y reincorporación en la administración pública provincial, alineando la normativa con la jurisprudencia mayoritaria de la Suprema Corte.