El INTA en alerta por la posible reforma que pondría en riesgo su estructura y funciones
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con casi setenta años de trayectoria y un sistema de gobernanza mixto entre el sector público y privado, atraviesa un momento de incertidumbre ante la posibilidad de una reforma estructural impulsada por el Gobierno nacional. Se analiza un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificaría la conducción y organización interna del organismo, lo que genera preocupación por su impacto en la innovación tecnológica, la investigación y la presencia territorial del instituto.
Actualmente, las decisiones estratégicas del INTA se definen en un Consejo Directivo Nacional que integra representantes de las organizaciones rurales, de la academia y del Estado, asegurando un equilibrio institucional que permite planificaciones a largo plazo y políticas sostenibles. La posible reforma recortaría la participación de las entidades rurales y eliminaría a los representantes académicos del Consejo, afectando directamente la capacidad de establecer políticas científicas y técnicas de continuidad.
Además, se anticipa una posible reestructuración de su red territorial, con el cierre de agencias de extensión y estaciones experimentales, y la reducción de centros regionales para convertirlos en macro regiones. Este ajuste pondría en riesgo la transferencia directa de tecnología al sector productivo y la recepción de demandas de los productores, elementos clave de la labor que cumple el organismo en el agro argentino.
En Mendoza, el INTA es referente por su colección de vides en Luján de Cuyo, una de las más importantes de América, y por su banco de microorganismos utilizados para optimizar procesos alimentarios. Estas iniciativas aportan valor agregado y soberanía tecnológica, fundamentales para el desarrollo agroindustrial.
El organismo también enfrenta un proceso de reducción de personal, sin reposición de vacantes ni becas, afectando la calidad de las investigaciones. Se espera una nueva convocatoria de retiros voluntarios, y sumados los eventuales cambios de gobernanza, podrían derivar en despidos masivos y debilitamiento institucional.
El gremio APINTA mantiene el estado de alerta y movilización, buscando respaldo político para impedir la reforma y resguardar el carácter público del instituto. Denuncian también un presupuesto congelado desde 2022, que limita recursos y abre sospechas sobre posibles intereses inmobiliarios sobre las tierras del INTA.