El IPV desadjudicó una vivienda por uso irregular y revisa otros casos en un barrio de Ciudad
Una decisión del Gobierno de Mendoza dejó en evidencia una problemática que crece en torno a las viviendas sociales: una pareja fue desadjudicada por no habitar la unidad que le otorgó al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ubicada en el barrio Eusebio Blanco de Ciudad. La medida quedó oficializada mediante decreto en el Boletín Oficial y establece un precedente que podría afectar a otros beneficiarios en situación similar.
Mendoza enfrenta un déficit habitacional superior a las 100.000 viviendas, lo que vuelve especialmente sensibles las adjudicaciones destinadas a sectores vulnerables y clases medias sin acceso al crédito. En este contexto, el uso adecuado de las unidades se vuelve clave para garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan.
El caso difundido esta semana determinó que los adjudicatarios vivían en otra propiedad desde el momento de la entrega y que el departamento del IPV se encontraba alquilado, incumpliendo así la obligación principal del programa: la ocupación efectiva. Con esa confirmación, el organismo avanzó con la revocación.
Durante este año, el IPV recibió 685 pedidos de desadjudicación, de los cuales un 90% obedece a mora y el resto a situaciones de uso indebido. En el emprendimiento del barrio Eusebio Blanco, siete viviendas están bajo revisión, con expedientes en distintas etapas administrativas y judiciales.
La medida supone un cambio de enfoque en la política habitacional: ya no alcanza con mantener el pago de las cuotas, sino que la vivienda debe ser utilizada como residencia única y permanente, tal como exige el programa. El objetivo es evitar adjudicaciones con fines de inversión, especulación o alquiler.
El criterio aplicado se basa en la doctrina de los actos propios, que impide reclamar la continuidad del beneficio cuando el propio adjudicatario reconoce no cumplir con las condiciones. Además, quienes pierden una vivienda por irregularidades quedan inhabilitados de manera permanente para acceder nuevamente a un plan social de vivienda.
Qué se hace con las viviendas desadjudicadas
Cuando el IPV retira una vivienda por incumplimiento de las condiciones —ya sea por falta de pago, no residencia o alquiler no autorizado—, la unidad debe ser reasignada a familias que cumplan con los requisitos y que realmente carezcan de vivienda propia.
En la mayoría de los casos, cuando se detectan irregularidades, el organismo intenta regularizar la situación de quienes efectivamente viven allí. Solo en un porcentaje mínimo se avanza hacia la desadjudicación definitiva.
La revisión actual y el caso de Eusebio Blanco reactivan el debate sobre el acceso a la vivienda social y la necesidad de garantizar que estos programas beneficien a quienes no tienen otra opción habitacional.