Indemnizarán a una penitenciaria que fue víctima de acoso y abandono institucional
La Justicia determinó que el Estado provincial es responsable por no haber protegido a una agente del Servicio Penitenciario, quien durante años denunció acoso laboral, hostigamiento sistemático y violencia de género por parte de un superior jerárquico.
El fallo del Tribunal Cuarto de Gestión Asociada concluyó que existió mobbing sostenido en el tiempo y que las autoridades omitieron activar mecanismos disciplinarios y de resguardo. Esa falta de intervención derivó en un daño psicológico grave, acreditado mediante pericias médicas.
La agente había ingresado en 2006 y ocupaba un cargo de responsabilidad cuando comenzaron los conflictos con su jefe en 2016. Según la sentencia, sufrió malos tratos, amenazas, desprestigio profesional y sanciones consideradas injustificadas. En lugar de investigar los hechos, la administración dispuso traslados y apercibimientos que el tribunal interpretó como medidas revictimizantes.
El cuadro clínico diagnosticado fue un trastorno ansioso vinculado al estrés laboral, con secuelas permanentes. Para los jueces, existe un nexo causal directo entre el entorno laboral hostil y la incapacidad parcial determinada.
En 2020 se registró un nuevo episodio intimidatorio que agravó su estado de salud. Pese a las denuncias formales y certificados médicos, no se adoptaron medidas efectivas de protección.
La sentencia fijó una indemnización total de $101.340.000, compuesta por $90 millones por incapacidad, $10 millones por daño moral y sumas adicionales por otros conceptos.
El tribunal sostuvo que el mobbing constituye una forma de violencia psicológica extrema y que la omisión del empleador estatal configura responsabilidad directa, consolidando así un precedente relevante en materia de violencia institucional y protección laboral en el ámbito público.