La Justicia provincial deberá definir si suspende la reforma del Estatuto del Empleado Público
Hace casi un mes, el Senado provincial convirtió en ley la reforma del Estatuto del Empleado Público, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo. La normativa, aprobada tras un empate en la cámara alta y el desempate de la vicegobernadora Hebe Casado, introdujo cambios sustanciales en la estructura laboral estatal y generó un fuerte rechazo sindical.
Ahora, la Sección Mendoza de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se suspenda su aplicación mientras se analiza su constitucionalidad. El gremio sostiene que la norma vulnera derechos laborales, la negociación colectiva y tratados internacionales, al modificar de forma unilateral aspectos del estatuto vigente.
Entre los puntos cuestionados se encuentran el artículo 53, que limita la posibilidad de interponer recursos administrativos, y el artículo 4 bis, que incorpora la figura de “personal interino”, considerada por los demandantes como una forma de precarización laboral incompatible con el régimen público.
La Suprema Corte provincial deberá resolver si hace lugar a la cautelar y, posteriormente, pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.