ECONOMÍA

La Provincia recaudó $70 millones por la atención a extranjeros en 2025

El cobro se aplica a pacientes no residentes y abarca desde consultas generales hasta traslados en helicóptero, gestionado por Reforsal para sostener el sistema público.

Desde agosto de 2024, los hospitales públicos de Mendoza comenzaron a cobrar a los extranjeros no residentes que utilizan sus servicios. Durante 2025, el Estado provincial recaudó alrededor de $70 millones, correspondientes a 461 pacientes, lo que representa un promedio de poco más de $150.000 por persona.

La mayoría de las consultas corresponde a atenciones ambulatorias, incluyendo rayos X por accidentes o caídas, consultas odontológicas, oftalmológicas y clínicas generales. Los pacientes extranjeros provienen principalmente de Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay, aunque también se registraron casos excepcionales de traslados de urgencia para turistas europeos en Alta Montaña, con costos que alcanzaron los $20 millones.

 

El cobro se aplica a extranjeros en tránsito o con residencia provisoria, de acuerdo con la normativa provincial. Los pacientes deben costear la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en su país de origen.

Los precios varían según el tipo de servicio:

Consulta médica general: $13.000

Consulta en subespecialidades: $19.500

Consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos): $81.900

Traslado en ambulancia con médico (hasta 30 km): $130.000

Traslado aéreo en helicóptero: $2,08 millones

Internación clínica en adultos: desde $299.000 por día

Internación pediátrica de mediana complejidad: $338.000

Internación de alta complejidad: $390.000 por día

Aunque en el pasado se especuló sobre un alto costo por “tours sanitarios”, los datos muestran que la atención a extranjeros representa un 2 a 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público.

El esquema de cobro se gestiona a través del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), que también coordina la facturación con prepagas y obras sociales locales. La medida busca garantizar que los servicios públicos mantengan su sustentabilidad y puedan seguir brindando atención de calidad a toda la población.