La Suprema Corte rechazó el reclamo por los pozos de agua de Agrelo, tras 13 años de litigio
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, presidida por Dalmiro Garay, resolvió un histórico conflicto judicial vinculado a los permisos para explotar agua subterránea en la zona de Agrelo, en Luján de Cuyo. El fallo llegó después de más de una década de litigio y ratificó resoluciones administrativas dictadas en 2013 por el Tribunal Administrativo de Irrigación.
La mayoría del tribunal desestimó la demanda presentada por las empresas Santa María de los Andes S.A. y Vitivinícola Bulnes S.A., que buscaban obtener la concesión definitiva de uso de agua subterránea a partir de permisos de perforación otorgados en 2010. Con esta decisión, la Corte avaló la postura de Irrigación, que había rechazado esos permisos y dispuesto el cegado de dos pozos ubicados en la margen derecha del río Mendoza.
El voto que marcó la postura mayoritaria fue impulsado por Garay y recibió el respaldo de María Teresa Day, Julio Gómez, Norma Llatser, José Valerio y Omar Palermo. En cambio, el ministro Mario Adaro votó en soledad a favor de aceptar el planteo de las empresas.
Aun así, cuatro ministros plantearon una salida alternativa para evitar impactos económicos en los emprendimientos instalados en la zona. La propuesta consiste en que los privados puedan acceder a permisos precarios para utilizar aguas superficiales, mediante el pago de un “valor llave” destinado a un fondo para obras de eficiencia hídrica.
El conflicto por estos pozos tuvo un fuerte impacto político en Mendoza durante el gobierno de Celso Jaque, cuando se cuestionó el otorgamiento de permisos de agua en un contexto de restricción hídrica. Aquella polémica derivó en denuncias, la renuncia del entonces titular de Irrigación, Eduardo Frigerio, y el posterior cierre de los pozos, una medida que ahora fue ratificada por la Corte.