Los comercios de Mendoza dejarán de pagar un aporte obligatorio que encarecía al sector
Los comercios de Mendoza dejarán de realizar un aporte mensual obligatorio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), luego de que en junio entrara en vigencia una normativa que convierte este pago en voluntario. Empresarios y representantes del sector mercantil consideraron que esta modificación es un alivio clave para la actividad económica, aunque aclararon que no se oponen a la capacitación de los empleados.
El aporte venía aplicándose desde 2008, con un monto mensual que se actualizaba periódicamente. A partir de esta resolución, los empleadores no estarán obligados a efectuar esta contribución, que significaba un costo de $4.725,02 por trabajador registrado, alcanzando una recaudación total de más de $5.600 millones mensuales y unos $70.000 millones anuales en todo el país, considerando la cantidad de trabajadores incluidos en el convenio colectivo de comercio.
Desde el sector comercial mendocino señalaron que esta erogación no siempre se reflejaba en una mejora real de las habilidades laborales, ya que en muchos casos los cursos o capacitaciones ofrecidos por el INACAP no se adecuaban a las necesidades concretas de los negocios o a los intereses de los propios empleados. De hecho, la normativa exigía el pago del aporte incluso si el trabajador no participaba de ninguna instancia de formación.
A pesar de esta crítica a la obligatoriedad del aporte, los empresarios remarcaron que no rechazan la capacitación laboral, sino que consideran que debería ser optativa y ajustada a los requerimientos específicos de cada empresa y empleado. La decisión de eliminar la obligatoriedad fue recibida como una medida positiva para la sustentabilidad de los comercios, especialmente en un contexto económico desafiante.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también destacaron que la reforma representa un cambio importante en las responsabilidades de los empleadores y cuestionaron que durante 17 años se les exigió pagar un aporte sobre el cual no tenían decisión ni control, sin que existiera una rendición pública clara de los recursos administrados por los gremios empresarios.
A futuro, el sector solicita que esta medida se ratifique mediante una ley nacional para garantizar su vigencia y evitar que eventuales cambios de gobierno reinstauren la obligación. Mientras tanto, insisten en la importancia de promover la capacitación laboral, pero bajo esquemas más flexibles, adaptados a la realidad de cada empresa y sin imposiciones que impliquen costos adicionales sin resultados concretos.