La Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza implementó un nuevo sistema para calcular las multas por infracciones ambientales, con el objetivo de que las sanciones reflejen de manera más precisa la magnitud del daño causado. Con la actualización, las penalidades podrán alcanzar hasta los $100 millones.
La decisión surge tras detectar que el esquema vigente, basado en una resolución de 2018, había quedado desactualizado frente a la creciente complejidad de los casos y al impacto que generan prácticas como los desmontes ilegales.
Hasta ahora, la superficie afectada era el principal criterio para determinar las sanciones. Sin embargo, el nuevo mecanismo incorpora otros factores clave, entre ellos la categoría de conservación del área intervenida, la presencia de especies protegidas, la capacidad de recuperación del ecosistema y los antecedentes de los infractores.
Además, la normativa establece agravantes específicos que incrementarán el monto de las multas. Entre ellos se destacan el uso de fuego para realizar desmontes, la intervención en zonas de máxima protección ambiental y la reincidencia de los responsables.

Protección reforzada para los bosques nativos
La medida pone especial énfasis en la protección de los bosques nativos alcanzados por la legislación nacional y provincial. En particular, las áreas clasificadas dentro de la Categoría I de conservación, identificadas en color rojo en los mapas ambientales, contarán con el máximo nivel de resguardo.
De esta manera, cualquier intervención ilegal en estos sectores será considerada de máxima gravedad y recibirá sanciones más severas.
Desde la Dirección de Áreas Protegidas señalaron que la actualización busca otorgar mayor transparencia y objetividad al sistema sancionatorio. La intención es que infracciones similares reciban penalidades equivalentes y que las multas guarden una relación directa con el daño ambiental provocado.
