Preocupación en la vitivinicultura por la próxima cosecha, sin registros obligatorios
La industria vitivinícola expresa una creciente preocupación ante la inminencia de una nueva cosecha sin los registros obligatorios que históricamente permitieron ordenar y controlar la actividad. Tras la resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que dejó como optativos el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración de Finalización de Cosecha (CEC 05), cámaras empresarias, cooperativas y organizaciones de productores advierten por el posible impacto en la trazabilidad, la formalidad y la competencia leal.
Diversas entidades solicitaron que estos documentos continúen siendo obligatorios, ya que son herramientas centrales para conocer el origen de la uva, su variedad, el tenor azucarino, la propiedad de la materia prima y los volúmenes elaborados. Tras no obtener respuesta del Gobierno nacional, cuatro organizaciones del sector promovieron una acción de amparo para frenar la medida antes del 1 de enero.
Qué riesgos señalan las entidades
Representantes del sector resaltan que la eliminación de la obligatoriedad del CIU pone en riesgo la trazabilidad, base para identificar la procedencia de las uvas y sostener las indicaciones geográficas. También advierten que, sin ese registro, se dificultará calcular la corresponsabilidad gremial, estimar con precisión la producción anual, evaluar el stock, determinar la cantidad de uva destinada a diversificación y garantizar la seguridad jurídica para los productores.
Sostienen, además, que esta flexibilización podría abrir la puerta a mayores niveles de informalidad, afectar la transparencia en las operaciones y debilitar la competencia leal dentro de la cadena vitivinícola.
Un reclamo que llegó a la Justicia
Ante la falta de respuesta oficial y con la vendimia próxima a iniciar, las organizaciones del sector plantean que la resolución genera incertidumbre y afecta la planificación productiva. El amparo, presentado por cuatro entidades, busca la suspensión de la norma mientras se analiza su impacto. Señalan que los registros eliminados no implican costos para el Estado, pero sí son esenciales para el funcionamiento del sistema vitivinícola y para la defensa de los productores ante eventuales conflictos comerciales o quiebras de establecimientos elaboradores.