Un amparo legal "colectivo" se presentó para frenar el PSJ Cobre Mendocino
Mientras el gobernador Alfredo Cornejo intenta consolidar su plan minero como motor de una nueva matriz productiva, un documento de 113 fojas presentado ante el Poder Judicial busca paralizar el proyecto más emblemático del sector, el PSJ Cobre Mendocino.
Se trata de una Acción de Amparo Colectivo Ambiental interpuesta por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Civil "El Suri" y referentes de las asambleas del agua de San Carlos, Tunuyán y General Alvear. El argumento central es que la Legislatura incurrió en un "voluntarismo político" por encima del rigor científico al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) mediante la Ley 9.684, intentando "sanear" un proceso que debió ser estrictamente técnico.
El amparo denuncia que la autorización es "condicionada e incompleta", ya que el Estado permitió el inicio de actividades mientras postergaba para el futuro estudios esenciales, violando el Principio de Prevención. Además, resalta con severidad la obsolescencia de los datos utilizados, basados en informes de 2007-2008, ignorando la realidad del cambio climático y la crisis hídrica estructural de 2025. "No se puede gestionar el agua de hoy con la información de ayer", sostiene la demanda. El escrito también critica cómo el gobierno habría vulnerado el Acuerdo de Escazú, al segmentar el proyecto y ocultar estudios técnicos.