Detuvieron por contrabando de mercadería a un abogado mendocino en Los Libertadores
Un abogado de Mendoza fue arrestado en el complejo Los Libertadores, al ser descubierto transportando en su vehículo diversos tipos de fuegos artificiales, los cuales no declaró en el manifiesto aduanero.
De acuerdo a la información difundida por el medio chileno Los Andes Online, el hecho se registró en los últimos días cuando personal fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas revisó el rodado que conducía el acusado y en el cual también viajaban amigos y familiares.
Al inspeccionar la guantera se encontró una caja conteniendo 50 petardos, y debajo el asiento del conductor otras 11 cajas con el mismo tipo de fuegos de artificio.
Continuado con la revisión del auto, fueron hallados 2 tiros de mortero ocultos en el habitáculo de la rueda de repuesto.
Es por ello que el letrado, identificado como M.O.C., fue detenido y pasado a control en el Juzgado de Garantía de Los Andes.
En la audiencia el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo imputó por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de fuegos artificiales, ambos en grado de consumado.
El acusador pidió aplicar la medida cautelar de arraigo nacional, sin embargo, el abogado renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración ante el magistrado Daniel Chaucón Ojeda y el resto de los interviniente, indicando que en su país no está prohibida la tenencia de estos artefactos y los que le fueron encontrados los había comprado hace mucho tiempo para celebrar un Año Nuevo.
Sostuvo que desconocía por completo esta prohibición que existe en Chile, razón por la cual el magistrado, a fin de que pudiera retornar a Mendoza le otorgó una fianza de 100 mil pesos chilenos.
Familiares que estaban presentes en la sala de audiencias reunieron e hicieron entrega al ministro de Fe esa suma de dinero, la cual quedó bajo custodia en la caja fuerte que existe en el tribunal.
De esta forma el letrado pudo regresar su país, no obstante que deberá comparecer a otras audiencias a las cuales sea citado, ya que se fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.