GRAVES ACUSACIONES

Escándalo docente en Mendoza: dos educadores fueron suspendidos por casos de abuso infantil

La Dirección General de Escuelas aplicó una suspensión de 30 días sin goce de haberes a dos docentes acusados de poseer material de pedofilia en hechos ocurridos en Tupungato y General Alvear. Aunque las imputaciones no se relacionan con su labor en las aulas, el impacto en la comunidad escolar fue inmediato.

En menos de 24 horas, la DGE pasó de reasignar a los acusados a tareas sin contacto con menores, a aplicar la suspensión preventiva más severa posible, amparada en el Reglamento General de Sumarios y Procedimientos Disciplinarios.
La decisión se tomó tras la intervención de la Defensoría del Personal de Educación y el envío de actuaciones a la Junta de Disciplina de Educación Primaria. En ambos casos, las investigaciones penales siguen su curso y los sumarios administrativos ya están en marcha.

El caso de Tupungato: una alerta desde Estados Unidos

La primera causa surgió tras un reporte de Google al detectar que desde una cuenta de YouTube vinculada a una docente se intentó subir un video con contenido de abuso sexual infantil.

La empresa bloqueó el archivo, lo marcó como “pendiente” y alertó a las autoridades. En un allanamiento, la educadora —cercana a la jubilación— fue detenida e imputada por distribución de material de abuso sexual infantil. El fiscal Pablo Fossaroli la liberó poco después, ya que la figura penal prevé una pena mínima excarcelable (de 3 a 6 años) y la mujer no tiene antecedentes.

Una hipótesis que se investiga es si otra persona podría haber manipulado la cuenta, dado que la acusada tiene limitados conocimientos tecnológicos.

 

El hallazgo fortuito en General Alvear

En el Sur provincial, la historia comenzó cuando un grupo de jóvenes encontró una tarjeta SD en la vereda. Al revisar el contenido, aparecieron imágenes que mostraban abusos a una menor desde que era bebé hasta la infancia.

El fiscal Javier Giaroli identificó al dueño del dispositivo: un docente escolar que días antes había dejado su teléfono en un servicio técnico cercano. Se cree que retiró la tarjeta antes de entregarlo, pero la habría perdido o descartado.

El hombre fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil y liberado, ya que la pena mínima (de 6 meses a 2 años) también es excarcelable y carece de antecedentes.

La víctima fue identificada y se esperan declaraciones en cámara Gesell. Los investigadores no descartan que surjan nuevas derivaciones.

Impacto institucional

Aunque los hechos ocurrieron fuera del ámbito escolar, la DGE sostuvo que generaron un clima adverso en las instituciones donde trabajaban los acusados. Por eso, la medida de suspensión busca preservar el entorno educativo mientras las causas judiciales avanzan.