MASACRE PLANIFICADA

La Justicia apunta a adultos detrás del plan violento de menores contra escuelas en Jujuy y Buenos Aires

La fiscalía sostiene que los adolescentes involucrados habrían sido influenciados por adultos en un proceso de radicalización progresiva. La investigación se inició tras una alerta del FBI, derivó en allanamientos en distintas provincias y mantiene abierta una línea internacional.

La investigación por una masacre planificada contra colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, que fue frustrada por la policía, incorporó en las últimas horas a un nuevo involucrado y reforzó la principal hipótesis de la fiscalía: los menores de edad habrían sido captados por adultos.

Según informó Fiscales.gob, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostienen que los adolescentes podrían haber sido contactados por personas mayores de edad, quienes habrían iniciado un proceso de radicalización progresiva con el objetivo de concretar hechos violentos en escenarios extremos, con impacto directo en la seguridad pública.

De acuerdo con fuentes policiales, la causa se originó a partir de una alerta emitida por el FBI, que advirtió sobre la circulación de mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por usuarios en redes sociales.

En ese marco, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina lograron establecer que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca, mientras que el segundo se encuentra en la localidad balnearia de Miramar. A su vez, se detectaron otros domicilios vinculados a la causa en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

La pesquisa también permitió identificar la posible participación de una persona más que operaría desde otro país de Sudamérica, información que surgió del trabajo conjunto con las autoridades de ese Estado.

En relación con los involucrados en el país, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó la realización de allanamientos, durante los cuales se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

El expediente fue caratulado como “intimidación pública” y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de la red de contactos, el grado de influencia adulta y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.