Decisión extrema: el Gobierno expulsó a un diplomático iraní y agudizó el conflicto bilateral
El máximo representante diplomático de Irán en la Argentina, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó el país este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno nacional, luego de ser declarado persona “non grata”. La decisión marca un punto de inflexión en la política exterior argentina y abre un escenario de alta tensión diplomática.
La medida fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien a través de sus redes sociales informó: “En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”. De este modo, se oficializó el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021.
El episodio se desencadenó el pasado jueves, luego de que la embajada iraní en Uruguay difundiera un comunicado con fuertes críticas hacia la Casa Rosada, en respuesta a la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en el registro de organizaciones terroristas.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicaron que la expulsión se fundamentó en declaraciones que contenían “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” contra la República Argentina y sus autoridades. En la misma línea, el comunicado oficial sostuvo que dichas manifestaciones constituyen una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional.
Este escenario se inscribe en una estrategia más amplia de alineación geopolítica del presidente Milei con Estados Unidos e Israel, en un contexto de conflicto con Irán desde fines de febrero. Para el Ejecutivo, la salida de Tehrani representa un “paso previo” hacia una eventual ruptura total de relaciones diplomáticas.
En ese marco, la incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al listado de entidades vinculadas al terrorismo implica no solo una condena política, sino también el congelamiento de activos y la prohibición de operar en el sistema financiero local.
Por su parte, el régimen iraní advirtió que la decisión “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y la calificó como un “error estratégico”. Además, acusó al gobierno argentino de actuar como “cómplice” de los crímenes atribuidos a sus aliados internacionales.
Pese a las advertencias, la Argentina reforzó su postura al recordar que figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, cuentan con pedidos de captura internacional de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA en 1994, consolidando así un proceso de distanciamiento diplomático que, por el momento, aparece como irreversible.