CONGRESO DE LA NACIÓN

El Gobierno acelera la negociación política para reducir la edad de imputabilidad

La Casa Rosada trabaja en la unificación de proyectos y en la construcción de consensos con la oposición para impulsar una reforma sensible, con un acuerdo posible en torno a los 14 años y plazos legislativos ajustados.

El Gobierno nacional define por estas horas la estrategia política y legislativa para diseñar el proyecto de Ley Penal Juvenil que buscará debatir con la oposición, con el objetivo de reunir las voluntades necesarias que permitan su aprobación en el Congreso. En la Casa Rosada confían en lograr una síntesis de las distintas iniciativas parlamentarias presentadas en la materia para avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad.

Si bien el presidente Javier Milei sostiene como objetivo bajar la edad a los 13 años, dentro del oficialismo reconocen que el consenso político más amplio alcanzado hasta el momento se ubica en los 14 años, límite que comparten sectores de distintos espacios.

La discusión no es nueva en el ámbito legislativo. En agosto de 2024, la Cámara de Diputados ya había habilitado un debate similar con la oposición y, en mayo de 2025, el tema logró dictamen, lo que sentó antecedentes para retomar la iniciativa en el actual escenario político.

Desde el Ejecutivo admiten que el cronograma legislativo representa uno de los principales obstáculos. Aunque el objetivo inicial es avanzar con la aprobación de la Ley Penal Juvenil en febrero, en Balcarce 50 anticipan que los tiempos parlamentarios son complejos y podrían trasladar el tratamiento al período ordinario, que comenzará el 1° de marzo. El reducido número de sesiones disponibles obliga a una negociación precisa y focalizada.

 

En paralelo, dentro del oficialismo algunos sectores consideran viable la posibilidad de tratar el proyecto durante la prórroga de sesiones extraordinarias, mientras otros advierten sobre las limitaciones operativas del Congreso en el tramo final del verano.

El caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a instalar el debate en la agenda pública y política. En ese contexto, una de las dirigentes que tomó mayor protagonismo fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien impulsa el tratamiento del tema como parte de una agenda de seguridad más amplia.

De este modo, Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se preparan para trabajar en paralelo en varias iniciativas clave del oficialismo. Entre ellas, la búsqueda de media sanción de la Reforma Laboral, cuyo debate comenzará el 11 de febrero en el Senado, y el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, previsto para la misma fecha en la Cámara Baja.