El Gobierno acelera la reforma penal y prepara un código con penas más duras
El Gobierno entró en la etapa final de la reforma integral del Código Penal, un proyecto que supera los 900 artículos y que apunta a actualizar la normativa vigente desde 1921. La iniciativa combina un endurecimiento de penas, nuevas figuras delictivas y una reducción de la discrecionalidad judicial que, según el Ejecutivo, permitirá fortalecer la política criminal.
En la mesa chica de legales —donde intervienen Santiago Caputo, Macarena Alifraco, María Ibarzabal Murphy, Sebastián Amerio, Patricia Bullrich y Fernando Soto— se definen los últimos ajustes antes de enviarlo al Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Penas más duras y nuevos criterios de agravantes
El borrador incorpora aumentos de penas para homicidios, robos, narcotráfico, explotación sexual infantil y trata de personas. También suma agravantes vinculados a la edad y condición de las víctimas e incorpora figuras relacionadas con violencia digital y abusos cometidos en entornos familiares.
Uno de los objetivos centrales es que más del 80% de los delitos tengan cumplimiento efectivo, según los criterios que impulsa el oficialismo.
Retroceso en propuestas polémicas y definiciones sobre temas sensibles
El Gobierno descartó incluir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, al considerarla jurídicamente inviable. También dejó a un lado la idea de eliminar la figura del femicidio, un reclamo de sectores minoritarios del oficialismo, que finalmente no prosperó.
En materia de interrupción voluntaria del embarazo, no se incorporarán cambios: continuará vigente la ley actual y se mantendrán artículos del Código de 1921 que ya no se aplican.
Funcionarios condenados y sanciones adicionales
El proyecto prevé sanciones más severas para funcionarios públicos que reciban condenas, entre ellas la pérdida de jubilaciones de privilegio. El Gobierno plantea que estas medidas son necesarias para reforzar la credibilidad institucional y marcar un quiebre con lo que denomina la “doctrina zaffaronista”.
Escenario político y estrategia legislativa
Con la recomposición de fuerzas tras las elecciones de medio término —que dejaron a La Libertad Avanza como primera minoría y con nuevos aliados—, el oficialismo confía en contar con el respaldo necesario para avanzar con la reforma. El bloque libertario suma ahora 95 diputados, una cifra que mejora el margen de negociación.
El Gobierno evalúa crear una comisión bicameral para acelerar el dictamen y limitar cambios al texto original durante el debate parlamentario, una idea que genera resistencias internas pero que permitiría ordenar el tratamiento en un Congreso con 46 comisiones aún por conformarse.
Mientras tanto, el equipo legal del Ejecutivo trabaja en cerrar la redacción final antes del próximo encuentro político en Casa Rosada, donde se terminará de definir el cronograma legislativo para uno de los proyectos más ambiciosos del año.