El gobierno de Milei planea disolver Vialidad Nacional y transferir el control vial a la Gendarmería
Con la cuenta regresiva ya activada y apenas tres días hábiles antes del 8 de julio, el Gobierno nacional ultima los detalles para publicar un decreto de reestructuración estatal que afectará de lleno al sistema de movilidad y transporte del país.
En el centro del paquete de medidas figura la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Detrás del aceleramiento se encuentra Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien busca avanzar antes de que caduquen sus facultades delegadas.
Superposición de funciones y nueva arquitectura estatal
Según fuentes oficiales, el plan responde a una superposición de competencias entre organismos, que serían absorbidos por áreas ya existentes o a crearse, como la Secretaría de Transporte, la Gendarmería Nacional y una futura Agencia de Control de Concesiones de Transporte.
Uno de los casos más emblemáticos es la CNRT, que hasta hoy se encarga de controlar talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y fiscalizar a operadores de transporte automotor y ferroviario. Sin embargo, sus funciones se han visto progresivamente reducidas desde 2019, con decretos como el 830/24 y 883/24, que redistribuyeron competencias clave hacia otras dependencias.
Lo mismo ocurre con la ANSV, creada para implementar el sistema de scoring, gestionar licencias de conducir y elaborar estadísticas viales. La entidad también será eliminada y sus tareas quedarán divididas entre la Secretaría de Transporte —que pasará a ocuparse de la formación en seguridad vial— y la Gendarmería Nacional, que tomará el control de la fiscalización del tránsito a nivel nacional.
Gendarmería al frente del control vial
La Gendarmería Nacional pasará a tener un rol central en la fiscalización de infracciones, el control de rutas, la prevención de accidentes y la supervisión del transporte terrestre, tanto en jurisdicción nacional como en Pasos Internacionales (PI) y Áreas de Control Integrado (ACI).
El Ejecutivo considera que la fuerza de seguridad posee una estructura operativa consolidada y antecedentes que justifican su ampliación de funciones.
El fin de Vialidad: el Estado redefine el modelo de obra pública
Uno de los puntos más sensibles del decreto es la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo con más de 5300 empleados y 1500 cargos jerárquicos, según datos difundidos en marzo por el diario LA NACION.
A partir de la publicación del decreto, el Ministerio de Economía —o el organismo que éste designe— será el responsable de adjudicar concesiones de obras viales y de servicios de transporte público terrestre. También quedará bajo su órbita la gestión presupuestaria y el control de los títulos públicos, letras del Tesoro y otros recursos financieros hoy administrados por Vialidad.
El nuevo diseño contempla una reestructuración temporal de la planta de trabajadores, que mantendrán sus cargos y unidades organizativas, aunque bajo una lógica de transición.
Nuevas agencias y cambios en seguridad aérea
El decreto también establecerá la creación de la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que se encargará de auditar contratos, cobrar aranceles, fiscalizar líneas ferroviarias y supervisar servicios públicos de jurisdicción nacional.
En paralelo, se transformará la actual Junta de Seguridad en el Transporte, que dejará de investigar incidentes automotores para enfocarse exclusivamente en accidentes aeronáuticos. Con ello, cambiará su nombre a Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.