El Gobierno nacional eliminó ayudas estatales para PYMES
El Gobierno Nacional continuó su política desreguladora al eliminar una serie de programas destinados a las PYMES a través del Decreto 339/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida afecta iniciativas creadas bajo las Leyes Nros. 24.467 y 25.872, que fueron consideradas “distorsivas de los precios” y que “impedían la dinámica natural del libre mercado”, atentando contra lo dispuesto por el Decreto Nº 70/23.
Con fundamento en este decreto de necesidad y urgencia y las facultades otorgadas por la Ley Bases, el Ejecutivo justificó la eliminación de estos programas al señalar que es necesario avanzar hacia un modelo económico que impulse la desregulación, la eliminación de barreras y el estímulo al libre mercado.
En el texto oficial se destacó que, en el actual contexto, donde las políticas gubernamentales buscan reducir la intervención estatal y maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta indispensable revisar funciones que puedan resultar redundantes o de aporte marginal al interés general, garantizando una asignación más racional y efectiva de los recursos públicos.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, dejó sin efecto varios artículos de las leyes mencionadas, impactando directamente en los programas vinculados a las PYMES.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó estos programas como “ineficientes, discrecionales y estériles”, afirmando que representaban un gasto de recursos públicos “para beneficio de algunos privilegiados”. Enumeró que muchos de estos programas eran “agencias nunca desplegadas, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación sin escala y una burocracia costosa sin impacto real”.
Como ejemplo, mencionó el Programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el presupuesto 2025 preveía asistir a apenas 150 empresas, frente a las más de 500.000 PYMES existentes en el país. Subrayó que este modelo favorecía a un pequeño sector, “quizás amigos del poder” y con un sesgo “eminentemente antifederal”.
Enfatizó que una política efectiva para las PYMES no consiste en programas “vacíos ni planes marketineros”, sino en construir un entorno con macroeconomía estable, menos trabas burocráticas, reducción de impuestos, acceso al crédito y mayor libertad para producir.
Entre los programas cancelados se encuentran:
- Sistema de información MIPyME, dedicado a recolectar y difundir datos comerciales y técnicos para las PYMES.
- Red de Agencias de Desarrollo Productivo, que brindaba asistencia empresarial en todo el país.
- Programa de Desarrollo de Proveedores, para mejorar la vinculación entre PYMES proveedoras y grandes empresas.
- Consorcios de empresas PYMES, enfocados en asociaciones para potenciar la exportación y economías de escala.
- Programa Nacional de Capacitación de cuadros empresarios y gerenciales, orientado a mejorar la gestión y conocimiento del mercado.
- Comisión Especial de Seguimiento, que evaluaba el impacto laboral de la ley y actuaba como mediador en conflictos.
- Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, autoridad de aplicación de la Ley 25.872.
Esta nueva etapa marca un cambio en la política hacia las PYMES, buscando que la eficiencia pública y la competitividad privada sean los motores centrales, bajo un esquema con menor intervención estatal y mayor libertad económica.