El gran plan del Gobierno para rearmar Comodoro Py y la Corte Suprema
El gobierno planea este año avanzar sobre gran parte de las vacantes del Poder Judicial, con el objetivo de reconfigurar la estructura del sistema judicial. La estrategia incluye la cobertura de la tercera parte de los cargos vacantes, la reconversión de los tribunales federales de Comodoro Py, completar la Corte Suprema y designar al Procurador General y a la Defensora Pública, cuyo puesto quedará vacante en febrero.
El Ejecutivo prevé enviar un paquete de pliegos al Congreso con el inicio de las sesiones ordinarias en marzo. Para los cargos inferiores, como jueces y fiscales, solo se requiere mayoría simple en el Senado, mientras que los puestos de la Corte, Procuración y Defensoría requieren dos tercios de los votos, lo que obliga a buscar consensos más amplios.
Alianzas parlamentarias y peso del peronismo
La fuerza oficialista cuenta con 20 senadores sobre 72 y necesita sumar voluntades de otros bloques para alcanzar mayoría simple o dos tercios, según el cargo. Los gobernadores y sectores peronistas adquieren un rol clave, ya que muchos senadores responden a ellos, aunque hoy las lealtades son más fragmentadas. Existen legisladores autónomos o de bloques minoritarios que podrían apoyar algunas designaciones.
Reconversión de Comodoro Py
En Comodoro Py se esperan hasta seis vacantes en juzgados de primera instancia, la mitad de los cargos de la Cámara Federal y una parte de la Cámara de Casación Penal. Esto abre la posibilidad de un “combo” de designaciones estratégicas que el gobierno podría negociar con aliados o sectores independientes del Congreso. Muchos concursos están avanzados en el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte Suprema, lo que implica que las vacantes requieren acuerdos internos y externos.
Entre los jueces que podrían dejar sus cargos están Daniel Rafecas, Julián Ercolini y otros magistrados clave de causas sensibles. Las vacantes permitirían al Ejecutivo influir en tribunales donde se tramitan investigaciones políticas de alto perfil.
Cúpula judicial y cargos de máxima jerarquía
Además de Comodoro Py, el gobierno busca completar la Corte Suprema y cubrir la Procuración General y la Defensoría Pública. Estos nombramientos requieren dos tercios del Senado, por lo que la negociación con la oposición será crucial. La salida de la Defensora Pública se considera estratégica para dejar el cargo disponible como parte de un acuerdo más amplio.
Impacto político-judicial
La combinación de designaciones en tribunales clave y cargos de cúpula permitirá al gobierno intervenir en la estructura judicial a largo plazo, afectando la conducción de causas relevantes y la dinámica de la política judicial en los próximos años. El desafío principal será la negociación con el peronismo y otros bloques para asegurar los apoyos necesarios en el Senado.