REFORMA PENAL
El Senado de la Nación avanzó en el tratamiento de un proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra los delitos ambientales graves, mediante la incorporación de nuevas figuras penales al ordenamiento jurídico argentino. La iniciativa, presentada por la senadora Edith Terenzi, obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El proyecto plantea la creación de un régimen especial de criminalidad ambiental, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales destinadas a la prevención, investigación y sanción de conductas que generen daños severos sobre el ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas.
Durante el debate, Terenzi destacó que el dictamen incorporó aportes de distintos legisladores para precisar conceptos clave dentro del Código Penal, entre ellos las definiciones de daño ambiental irreversible, daño ambiental especialmente grave, ambiente y extensión espacial del daño ambiental.
La propuesta define al ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental vigentes, comprometiendo los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Además, establece que se considerará daño ambiental irreversible a aquel que impida la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable. Por su parte, el concepto de daño ambiental especialmente grave abarca aquellos casos que, por su magnitud o duración, generen deterioros severos sobre el medio ambiente y afecten el derecho de las personas a vivir en un entorno sano.
En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé penas de prisión de 3 a 10 años y multas equivalentes a 30 salarios mínimos, vitales y móviles para quienes provoquen daños ambientales especialmente graves en incumplimiento de las normas de protección ambiental.
Si el hecho ocasionara un daño ambiental irreversible, las penas aumentarían a entre 5 y 15 años de prisión, además de una multa equivalente a 70 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de la condena.
La iniciativa continuará su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá ser debatida antes de convertirse en ley.
