El Senado rechazó los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario
El Senado de la Nación volvió a marcar un fuerte mensaje al Ejecutivo al rechazar este jueves los vetos presidenciales sobre dos leyes estratégicas: la declaración de emergencia pediátrica, con el Hospital Garrahan como símbolo, y la ley de financiamiento universitario. Ambas normas alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios, con 59 adhesiones para la emergencia pediátrica y 58 para la ley universitaria.
La sesión, conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, mostró un amplio respaldo de la oposición, mientras que el oficialismo no logró impedir la insistencia de las iniciativas. La emergencia pediátrica recibió siete votos negativos y tres abstenciones de legisladores macristas, mientras que la ley universitaria registró siete rechazos y cuatro abstenciones, incluyendo la radical Carolina Losada.
El diputado nacional Alfredo Bermejo, peronista y exintendente de Maipú, celebró la decisión en su cuenta de X (ex Twitter): “Nuevamente las senadoras y los senadores haciendo lo que el pueblo argentino necesita: rechazando los Vetos Presidenciales a la Emergencia Pediátrica en el #Garrahan y al Financiamiento Universitario.”
La normativa de emergencia pediátrica asegura la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, mantenimiento de infraestructura y personal esencial, con recomposición inmediata de salarios del personal asistencial y no asistencial, incluyendo residentes de todas las especialidades. Además, el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan fue declarado hospital de referencia nacional en atención de alta complejidad, con un impacto fiscal estimado en $65.573 millones.
Por su parte, la ley de financiamiento universitario obliga al Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y los salarios de docentes y no docentes según el IPC del INDEC, garantizando incrementos remunerativos y bonificables, y estableciendo negociaciones paritarias cada tres meses y actualización mensual no inferior a la inflación.
El rechazo de los vetos presidenciales plantea un nuevo desafío para el Gobierno, que deberá acatar ambas leyes y reactivar la ejecución de recursos, mientras crece la expectativa por futuras iniciativas, como la normativa sobre discapacidad que recientemente sufrió demoras en el giro de fondos.