BRASIL

Golpe judicial: rechazaron un habeas corpus clave a favor de Bolsonaro

La máxima corte de Brasil desestimó un habeas corpus presentado por un abogado ajeno a la defensa técnica del expresidente, condenado por intento de golpe de Estado, y ratificó límites procesales internos para preservar la competencia judicial.

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, rechazó este sábado la solicitud de prisión domiciliaria presentada a favor del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en enero de 2023.

La decisión fue adoptada luego de que el tribunal considerara que el pedido fue realizado por un abogado que no integra la defensa técnica del exmandatario. El recurso de habeas corpus había sido impulsado por el abogado independiente Paulo Emendabili Barros de Carvalhosa, situación que resultó determinante para el rechazo.

En su resolución, el juez del STF Gilmar Mendes sostuvo que “el presente habeas corpus ni siquiera fue interpuesto por la defensa técnica del paciente, expresidente de la República”, subrayando un vicio formal que impide su tratamiento. Además, Mendes fundamentó su decisión en la jurisprudencia del propio STF, que no admite la tramitación de recursos de habeas corpus dirigidos contra actos de otros jueces de la Corte.

 

La solicitud cuestionaba decisiones adoptadas por el juez instructor de la causa contra Bolsonaro, Alexandre de Moraes, quien el viernes remitió el expediente a Mendes al declararse impedido para analizar el planteo, dado que figuraba como autoridad señalada en el recurso.

En ese marco, Mendes advirtió que aceptar el pedido habría implicado una “indebida sustitución de la competencia natural” del tribunal, con el consiguiente riesgo de vulnerar el principio del juez natural, uno de los pilares del sistema judicial brasileño.

Jair Bolsonaro fue condenado por el STF el 11 de septiembre de 2025, en un fallo que marcó un hito en la historia judicial de Brasil, al establecer responsabilidades penales directas de un expresidente por delitos vinculados a un quiebre del orden democrático.