La Cámara Electoral fijó un tope de $600 millones para las campañas en Mendoza
La Cámara Nacional Electoral autorizó un tope de casi 600 millones de pesos para los frentes en Mendoza. Dirigentes y especialistas coinciden en que una campaña estándar exige al menos 300 millones de pesos.
Organizar una campaña electoral en Argentina implica un gasto millonario. Según estimaciones de referentes políticos consultados, para llegar a las elecciones legislativas del 26 de octubre con una estructura competitiva se necesitan alrededor de 300 millones de pesos.
El financiamiento de los partidos está regulado por la Ley de Financiamiento Político, que combina aportes públicos y privados. Los fondos estatales se reparten de manera equitativa y también en proporción a los votos obtenidos en la última elección. A su vez, los aportes privados están habilitados, pero con límites, registro obligatorio y bancarización de todas las transferencias.
Cómo se calculan los topes
La Cámara Nacional Electoral (CNE) fijó en casi 600 millones de pesos el gasto máximo para los frentes de Mendoza en la categoría de diputados nacionales. El cálculo surge de multiplicar el número de electores por una unidad llamada “módulo electoral”.
En el caso de las elecciones provinciales, la Junta Electoral de Mendoza es la encargada de definir el monto. Se prevé un límite cercano a los 300 millones de pesos, en función de lo establecido en el presupuesto local.
En qué se gasta
El dinero de campaña se distribuye en distintos rubros:
Marketing y comunicación: contratación de agencias que diseñan la identidad de campaña.
Publicidad: espacios en medios digitales, gráficas, cartelería e intervenciones en la vía pública.
Movilización política: actos, recorridas, reuniones partidarias y logística para el traslado de dirigentes.
Operativa electoral: fiscales, viandas, transporte de votantes en zonas de difícil acceso y combustible.
De acuerdo a especialistas, el marketing suele ser la primera inversión cuando hay recursos disponibles, ya que define la estrategia frente a la competencia.
Aportes estatales y acceso a medios
La ley garantiza la distribución equitativa de fondos públicos entre todas las fuerzas políticas. Además, establece que la publicidad electoral en radio y televisión es gratuita: los medios deben ceder un porcentaje de su transmisión diaria que se asigna por sorteo entre los partidos.
Esto permite que los espacios publicitarios estén asegurados aun para los frentes con menos recursos privados, reduciendo la brecha con los partidos mayoritarios.
Los límites a los aportes privados
Cada aporte privado —sea de una persona física o jurídica— no puede superar los 11 millones de pesos. Debe realizarse de forma bancaria, mediante cheque, tarjeta o plataformas electrónicas que permitan identificar al donante. También son válidas las donaciones en especie, como bienes o servicios, siempre declaradas según su valor de mercado.
Sin embargo, persisten zonas grises. En la práctica, muchos empresarios financian campañas de varios partidos sin dejar registro formal. Además, los balances partidarios suelen declarar gastos muy por debajo de los topes permitidos, lo que sugiere que parte de la inversión en campaña se mantiene fuera de los registros oficiales.
El debate político
El gobierno de Javier Milei intentó sin éxito eliminar los aportes estatales a las campañas, lo que abrió la discusión sobre la desigualdad que implicaría para los partidos más pequeños. Mientras los oficialismos pueden apoyarse en la visibilidad de la gestión, las fuerzas menores dependen en gran medida del financiamiento público para sostener su presencia electoral.