La motosierra de Milei avanzó sobre el INTA, alcanzó al CONICET y prometió nuevos recortes
Luego del paso dado por el Gobierno nacional en mayo, a través del decreto 462/2025, que transformó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de organismo autárquico a organismo desconcentrado, independiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el Consejo Directivo (CD) aprobó la semana pasada la venta de la mitad de sus tierras y la aplicación de un plan de retiros voluntarios orientado a reducir 1.700 puestos de trabajo.
La decisión se inscribió dentro de una serie de medidas consideradas centrales en el denominado “proceso de reestructuración” del organismo. Entre los puntos principales se avanzó en la definición del lanzamiento de un programa de retiros voluntarios, que podría comenzar a regir a partir del 1° de marzo próximo.
Para instrumentar la medida, el Consejo Directivo instruyó a la Dirección General de Administración (DGA) para que elabore el esquema correspondiente y lo eleve al CD para su análisis y eventual aprobación en la próxima reunión.
Desde distintas entidades que integran el Consejo manifestaron su preocupación por la posible pérdida de cuadros técnicos formados dentro del INTA. En ese sentido, solicitaron que el programa de retiros se implemente a través de un esquema específico, con el objetivo de que la reducción de personal no afecte el funcionamiento ni el rol técnico del organismo.
Representación institucional
El Consejo Directivo del INTA está conformado por tres representantes del Poder Ejecutivo, un representante de las facultades de Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales, otro de las facultades de Agronomía, y cinco miembros de asociaciones de productores: la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro).
De acuerdo con cifras difundidas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados, y la intención del Gobierno sería reducir esa cifra a 4.000 trabajadores. Desde el inicio de la nueva gestión, entre bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones, se registraron 878 desvinculaciones.
Sin embargo, los últimos datos oficiales, correspondientes a marzo de 2025, indican que el organismo cuenta con 6.389 empleados, en su mayoría personal comprendido en el convenio colectivo de trabajo. En noviembre de 2023, último mes completo de la gestión del Frente de Todos, el INTA tenía 6.790 trabajadores.
Presencia territorial
El personal del INTA se desempeña en las cinco ecorregiones de la Argentina: Noroeste, Nordeste, Cuyo, Pampeana y Patagonia. En ese esquema territorial se distribuyen 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias, 359 Unidades de Extensión y 6 Centros de Investigación que agrupan 22 institutos.
El organismo fue creado en diciembre de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, y su primer presidente fue el ingeniero agrónomo Marcelo Lernoud.
A fines del año pasado, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, junto a representantes de la Secretaría de Agricultura, presentó ante la Mesa de Enlace un plan de achique del organismo. La propuesta consistía en una hoja de ruta estructurada en siete ejes generales, con una agenda de trabajo prevista hasta abril de 2026.
El plan oficial contempla la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo, con el objetivo de definir continuidades, reformulaciones o cierres, además de una reorganización de la estructura interna. Entre las iniciativas se incluye la revisión de los 15 centros regionales actuales y la posibilidad de avanzar hacia su fusión en cuatro o cinco macrorregiones administrativas.
También se prevé evaluar el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar superposiciones y mejorar la eficiencia operativa, sin establecer cierres automáticos. En paralelo, se analiza la baja de todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque hasta el momento no se informaron precisiones operativas.
Siete predios en evaluación
En materia patrimonial, el Gobierno nacional busca desafectar 33.836 hectáreas de tierras que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente en desuso. En ese marco, se identificaron siete predios que podrían ser puestos a la venta.
Uno de ellos se ubica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y quedaría bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con destino aún no definido. Los otros seis predios deberán ser previamente evaluados por los Consejos Regionales y están localizados en Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero.
En estos casos, se anticipó un mecanismo similar al del AMBA, que podría incluir traslados de personal, y se aclaró que varios de los terrenos corresponden a campos anexos.
Ajuste en ciencia y tecnología
En este contexto, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, se refirió al ajuste que el Gobierno nacional implementa sobre el sector de ciencia y tecnología y sostuvo que se priorizarán las áreas de investigación con impacto. Además, anticipó que en 2026, durante la gestión del presidente Javier Milei, se mantendrá el ajuste en los ingresos a carrera en niveles similares a los de 2025.
Salamone respaldó el nuevo Programa de Apoyo a la Investigación Científica, que reemplazó a la histórica convocatoria PICT, y confirmó que en 2026 se sostendrá el ingreso de 400 postulantes y 1.800 becas.