PODER EJECUTIVO

Ley de Sociedades: el Gobierno impulsa una reforma estructural inspirada en el modelo de Apple e Irlanda

El proyecto busca de raíz desregular el sector privado, eliminar trabas burocráticas y habilitar el uso de inteligencia artificial para atraer inversiones extranjeras masivas.

El Poder Ejecutivo nacional dio un paso clave en su agenda de modernización corporativa. El Gobierno envió al Congreso un ambicioso proyecto para reformar de manera integral la Ley General de Sociedades, un marco normativo estructurado en 1984 sobre bases rígidas. Con esta iniciativa, las autoridades buscan remover las trabas operativas y replicar el éxito de grandes centros financieros globales como Irlanda y Dubái.

El proyecto de reforma fue impulsado de forma conjunta por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según explicaron los funcionarios, la propuesta busca desplazar la "tutela del Estado" y la desconfianza hacia el sector privado, reemplazándolas por un ecosistema legal ágil que otorgue máxima preponderancia a la autonomía de la voluntad y al estatuto de las empresas.

 

A continuación, los puntos centrales que transformarán la creación y gestión de empresas en el país:

Las claves del nuevo ecosistema corporativo

El texto introduce cambios drásticos con el objetivo de reposicionar a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones extranjeras. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

1. Fin de la burocracia en el objeto social

Las empresas podrán inscribirse con un objeto amplio, plural y sin obligación de conexidad entre sus actividades comerciales. Esto significa que si los fundadores no consignan un objeto específico en su estatuto, la firma estará legalmente facultada para realizar cualquier actividad lícita. Asimismo, los registros públicos perderán la capacidad de dictar resoluciones que restrinjan lo que la ley permite.

2. Creación de la Sociedad Automatizada y DAOs

En sintonía con la revolución tecnológica, la reforma crea una nueva figura jurídica denominada Sociedad Automatizada. Se trata de compañías diseñadas para operar íntegramente mediante algoritmos e inteligencia artificial, sin el requisito obligatorio de contar con empleados para su funcionamiento ordinario. En paralelo, se otorgará personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), que funcionan con participación de tokens sobre tecnología blockchain.

3. Resolución de conflictos con derecho internacional

Las compañías podrán pactar cláusulas arbitrales para dirimir sus diferencias internas bajo el derecho internacional, evitando la necesidad de recurrir a la justicia ordinaria local. Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que esta libertad contractual imita el modelo de Dubái, donde las relaciones societarias se rigen bajo la legislación global que los propios socios eligen para garantizar previsibilidad.

4. El espejo de Irlanda y el "modelo Apple"

Para defender la creación de un marco favorable para las patentes y la tecnología, el Gobierno tomó como referencia el caso de Irlanda, el país que se transformó en la meca de la propiedad intelectual europea. Los funcionarios ejemplificaron que la subsidiaria de Apple que administra el software global de los iPhones opera bajo ese esquema, y manifestaron que la Argentina aspira a lograr esa misma capacidad de atracción para las firmas tecnológicas globales.

Digitalización plena e incentivos financieros

La reforma prevé la digitalización absoluta de los procesos societarios. Esto incluye la validación de domicilio electrónico, libros digitales, asambleas a distancia y la constitución de firmas mediante firma digital o electrónica.

Además, se incorporan instrumentos financieros avanzados como las notas convertibles. Este mecanismo permitirá a los fondos de capital de riesgo aportar financiamiento sin convertirse en socios formales ni asumir deudas o pasivos de la compañía, hasta el momento exacto en que decidan ejercer su opción de participación. Con estas herramientas, el oficialismo busca simplificar drásticamente las reorganizaciones empresarias, agilizar los procesos de salida y terminar con los litigios estériles que paralizan la actividad productiva.