Otro concejal alcoholizado al volante y un antecedente que decepcionó a los mendocinos
El concejal libertario de San Rafael Martín Antolín fue detenido en la noche del último domingo por haber conducido su BMW en estado de ebriedad, en plena calle Arístides Villanueva, de Capital. El test de alcoholemia dio 1,15 gramos de alcohol en sangre, muy por encima de los 0,5 permitidos legalmente.
Al hacerse público el hecho se desató una catarata de críticas y repudios, incluso desde su sector político. La reacción es similar a la que desató el caso de Miqueas Burgoa, concejal radical de Guaymallén, que fue detenido en mayo en el distrito de Bowen (General Alvear) con el doble de alcohol en sangre permitido.
Sin embargo, el edil guaymallino aún conserva su cargo y nunca fue sancionado políticamente. Esta analogía fue tomada en cuenta por la vicegobernadora, Hebe Casado, quien a través de la red social X, equiparo los dos casos y exige nuevamente una renuncia.
Ante la presión, el mismo Partido Libertario de Mendoza marcó distancia. Mediante un comunicado oficial, calificó el hecho como una "falta grave", activó un procedimiento interno en el Tribunal de Disciplina para avanzar con su desafiliación y le exigió que renuncie a su banca por considerar su conducta "incompatible" con el cargo público.
El bloque de concejales del Frente Cambia Mendoza también emitió un duro comunicado, expresando su "enérgico repudio" y solicitando una "renuncia inmediata" y "disculpas públicas" a la comunidad de San Rafael. Subrayaron que un funcionario electo debe ser ejemplo de ética y no puede poner en riesgo vidas ni erosionar la credibilidad institucional.
El caso, que se repite, demuestra que los controles de alcoholemia en la provincia sí se aplican sin distinción de cargos. Pero la cuestión en debate ahora es: si ante hechos de extrema imprudencia como los mencionados, la política cuidará los puestos de representación de los involucrados o les aplicará las renuncias que testimonialmente se exigen.