Polémica en el Senado: legisladores cobraron millonarios aguinaldos pese al congelamiento salarial
En medio de la prórroga del congelamiento de las dietas legislativas, impulsada por la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta el 31 de marzo, los senadores nacionales recibieron un aguinaldo que ronda los 2,5 millones de pesos, gracias a la implementación de la controvertida "dieta 13".
El sistema, aprobado sin debate en abril de 2024, elevó los ingresos mensuales de los senadores desde 1,7 millones hasta aproximadamente 4,5 millones de pesos, sumando además 2.500 módulos salariales y un adicional por gastos de representación. Esta modificación, impulsada por el senador Juan Carlos Romero (Salta), generó críticas desde su inicio, ya que incluyó un beneficio de 500 módulos extra por desarraigo, aplicable incluso a legisladores que residen en la Ciudad de Buenos Aires.
Aguinaldos millonarios en un contexto de crisis
La implementación de la "dieta 13" permitió que los senadores percibieran 13 ingresos anuales en lugar de 12, incrementando significativamente sus salarios y ubicando el aguinaldo en cifras que contrastan con la realidad económica del país. Este ajuste salarial fue aprobado a mano alzada en una sesión calificada como polémica, sin discusión ni justificación pública.
El beneficio se suma a una serie de aumentos que han generado descontento social, especialmente tras el anuncio de que los senadores nacionales podrían alcanzar ingresos brutos de 9,5 millones de pesos mensuales a partir de enero de 2025.
Villarruel y la prórroga del congelamiento salarial
La vicepresidenta decidió extender el congelamiento de los sueldos legislativos hasta el 31 de marzo, tras semanas de negociaciones y fuertes críticas desde diversos sectores, incluidos el propio presidente Javier Milei y parte de la oposición. Aunque inicialmente Villarruel había señalado que solo los senadores podían votar este tipo de medidas, finalmente decidió avanzar con la prórroga en un intento de desactivar el creciente malestar social.
La noticia del millonario aguinaldo reaviva la polémica sobre los privilegios de la clase política en un contexto de crisis económica, y pone nuevamente en el centro del debate la desconexión entre las decisiones del Congreso y las demandas de la ciudadanía.