Presupuesto, urgencias y vacíos legales: el Gobierno vuelve a la carga con cambios en la Ley de Salud Mental
El Gobierno nacional decidió retomar la reforma de la Ley de Salud Mental y prepara un proyecto para presentarlo durante el período de sesiones ordinarias que comienza el 1° de marzo. La iniciativa, impulsada por el presidente junto al Ministerio de Salud, busca modificar artículos clave de la normativa vigente ante reclamos de familias, profesionales y fuerzas de seguridad.
Uno de los ejes centrales es la posibilidad de habilitar internaciones involuntarias con autorización judicial en situaciones específicas. Desde el oficialismo sostienen que el espíritu original de la ley, centrado en la desmanicomialización y la defensa de derechos, no logró una aplicación efectiva por la falta de dispositivos adecuados y respuestas ante casos de riesgo.
El rediseño del proyecto está a cargo del área que conduce el ministro Mario Lugones y retoma puntos que habían sido incluidos en el borrador de la Ley Bases, pero que quedaron fuera del texto aprobado. Entre ellos figuran la creación de centros especializados, la redefinición de criterios de internación y cambios en los procesos de egreso y rehabilitación.
En la Casa Rosada argumentan que la discusión no es teórica sino práctica, y citan episodios de desenlace trágico para justificar la necesidad de un marco más claro. Consideran que el Estado hoy carece de herramientas legales suficientes para intervenir a tiempo en cuadros graves vinculados a trastornos mentales y adicciones.
Otro de los factores que reactivó el debate fue el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano, quien expuso en el Congreso de la Nación sobre las dificultades que enfrentan las familias ante brotes y episodios agudos. Sus críticas también apuntaron al bajo presupuesto asignado al área.
Aunque el proyecto todavía está en redacción, en el oficialismo anticipan que el debate será intenso y polémico, especialmente con sectores que advierten sobre un retroceso en derechos. La discusión promete reabrir una grieta sensible entre urgencia sanitaria, presupuesto e inocencia legal, en un tema donde las decisiones legislativas impactan de lleno en la vida cotidiana.