Qué trae la Emergencia en Discapacidad: pensiones, auditorías y beneficios para empleadores
El Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras rechazar el veto presidencial. La medida, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, busca regularizar el financiamiento del sistema, garantizar una actualización mensual de aranceles y mejorar la cobertura de prestaciones en todo el país.
El caso marcó un hito institucional: hacía 22 años que el Congreso no revertía un veto presidencial. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, cuando ambas cámaras insisten con dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo debe promulgar la norma.
Cómo votó el Senado
El rechazo al veto reunió una amplia mayoría. Solo cinco de los seis senadores de La Libertad Avanza se opusieron —Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto— junto con el formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La oficialista Vilma Bedia, aunque presente, no participó de la votación.
Los puntos clave de la ley
Emergencia nacional hasta 2026: rige en todo el país.
Actualización de aranceles: se ajustarán mensualmente según la inflación publicada por el INDEC.
Deudas con prestadores: se establecen mecanismos para regularizarlas.
Pensiones no contributivas: equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán trabajar siempre que no superen dos salarios mínimos.
Compensación a prestadores: financiada con fondos del Tesoro Nacional.
Costo fiscal: estimado entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Auditorías transparentes: a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con criterios de salud y situación socioeconómica, garantizando debido proceso y acceso claro a la información.
Incentivos laborales: las empresas que contraten personas con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado quedarán eximidas del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.
Con esta sanción, el Congreso consolida un marco legal destinado a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de miles de personas con discapacidad, al tiempo que refuerza la estabilidad del sistema de prestaciones y de quienes lo sostienen.