Reforma laboral: el plan del Gobierno para cambiar convenios, indemnizaciones y el poder sindical
El Gobierno ultima el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias. Aunque la versión final aún se negocia con cámaras empresarias y la CGT, en Casa Rosada ya definieron cuáles serán los ejes centrales y qué medidas podrían desatar un conflicto con los gremios.
El rol del Consejo de Mayo y la línea del Ejecutivo
La reforma forma parte de los diez capítulos trabajados por el Consejo de Mayo, el espacio que reúne a representantes políticos, empresariales y sindicales. El documento final se difundirá el 9 de diciembre y servirá como insumo para el proyecto de ley. Pese a los aportes del Consejo, en el Ejecutivo remarcan que la decisión final será política: No estamos dispuestos a negociar nada, señaló una fuente oficial.
Los nueve capítulos del proyecto
El borrador circulante contempla nueve apartados:
ultraactividad de los convenios colectivos,
prelación de los convenios,
cargas fiscales,
peajes sindicales y empresariales,
derechos colectivos,
derechos individuales,
trabajadores autónomos,
democracia sindical,
y derogaciones varias.
El Gobierno aspira a introducir cambios amplios, desde licencias y vacaciones hasta financiamiento gremial e indemnizaciones.
La prioridad: convenios colectivos
El primer objetivo es eliminar la ultraactividad. Hoy, los convenios se prorrogan automáticamente si no hay acuerdo para reemplazarlos. Para el oficialismo, esto frena la modernización de acuerdos obsoletos y mantiene costos laborales elevados.
También buscan modificar la prelación, permitiendo que cada empresa negocie su propio convenio por encima del sectorial. Ante el rechazo de algunos empresarios, surgió una alternativa intermedia: pactar convenios por región. El sindicalismo advierte que esto atomiza la negociación y debilita a los gremios.
Indemnizaciones y falta de previsibilidad
El debate interno gira en torno al cálculo de las indemnizaciones. Mientras sectores empresarios plantean topes o sistemas de capitalización individual, en el Gobierno admiten que el problema no es el esquema actual, sino la falta de claridad sobre el índice para actualizar montos durante juicios laborales. Sin previsibilidad, dicen, las empresas no pueden estimar el costo real de un despido.
El Ejecutivo evalúa reinstalar el esquema de inflación + 3% incluido en el DNU 70/23 que fue frenado por la Justicia.
Relación con la CGT: tensión contenida
La CGT ya adelantó su rechazo. Gerardo Martínez (Uocra) advirtió que los gremios no aceptarán modificaciones que recorten derechos. En la Casa Rosada relativizan el discurso duro y aseguran que ambos actores buscan más empleo y formalización.
Aunque esperan eventuales medidas de fuerza, el Gobierno descarta avanzar sobre las obras sociales sindicales, considerado un cable rojo. Sí evalúa reactivar puntos conflictivos como la voluntariedad de la cuota solidaria, un aporte que hoy se descuenta a trabajadores no afiliados y que representa ingresos millonarios para los sindicatos.
También se analiza replicar este criterio para las cuotas obligatorias que pagan las empresas a las cámaras empresarias, frenadas por una cautelar tras el decreto 149/25.
Democracia sindical y nuevos controles
Otro capítulo sensible es el de democracia sindical: declaraciones juradas obligatorias, topes a reelecciones y límites a los mandatos. Estos puntos ya habían sido excluidos de la Ley Bases por presión gremial, pero podrían regresar en la nueva propuesta.
Vacaciones, banco de horas y cambios operativos
La reforma incorpora modificaciones en el régimen de vacaciones:
se otorgarían entre el 1° de octubre y el 30 de abril, salvo acuerdo distinto;
podrían fraccionarse en períodos mínimos de una semana;
cada trabajador deberá acceder al descanso de verano al menos una vez cada tres años.
También habilita a que las convenciones colectivas acuerden banco de horas, compensando excesos de trabajo sin superar el límite semanal legal, además de nuevas modalidades de horas extras y francos compensatorios.