Seguridad busca agilizar las causas por robos y hurtos en Mendoza
El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley destinado a reformar el procedimiento de flagrancia, utilizado cuando una persona es detenida mientras comete un delito o en su persecución inmediata. La iniciativa, que forma parte del paquete de reformas judiciales, fue elevada por el Ministerio de Seguridad y Justicia a la Cámara de Diputados con el propósito de agilizar la tramitación de delitos menores que suelen contar con evidencia inmediata.
Según la propuesta, el objetivo central es ordenar los tiempos del sistema penal y mejorar la eficiencia en la resolución de causas vinculadas a robos, hurtos, encubrimientos y otras infracciones de menor complejidad.
Creación de áreas especializadas para fortalecer el trabajo fiscal
Uno de los puntos principales del proyecto es la conformación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá establecer equipos con dedicación exclusiva, orientados al impulso, la litigación y el soporte técnico de las causas de flagrancia.
El Gobierno considera que esta reorganización permitirá unificar criterios de actuación y sostener la celeridad que este tipo de procedimientos requiere. La iniciativa también prevé que la Suprema Corte y los organismos de gestión ajusten sus protocolos y turnos para garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos.
El proyecto introduce cambios en los plazos procesales y en la estructura del trámite de flagrancia. Se establece un tiempo definido para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial luego de la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo solo cuando se necesite producir pruebas básicas.
El esquema del procedimiento directísimo también queda delimitado en etapas claras, con una audiencia de finalización que debe desarrollarse en un plazo breve y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo situaciones excepcionales. Las causas que requieran juicio por jurado quedan excluidas, como ocurre actualmente.