Tras reglamentar la Emergencia en Discapacidad, Milei define qué hacer con dos leyes clave
Luego de reglamentar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, el Gobierno explicó que la decisión respondió a una orden judicial y no a un cambio de postura política. Desde el entorno presidencial remarcaron que la administración libertaria respetó el fallo del Juzgado Federal de Campana, que obligó a poner la norma en vigencia, y aseguraron que cumplirán futuras resoluciones similares.
En ese marco, en Casa Rosada reconocieron que un sector del Ejecutivo analiza volver a avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente promulgadas pero con su aplicación postergada. Según fuentes oficiales, ambas iniciativas comprometerían cerca de dos puntos del déficit fiscal, un escenario que el Gobierno busca evitar.
Desde el oficialismo insistieron en que desconocer una orden judicial no es una opción. Aseguraron que, más allá de las diferencias políticas o técnicas, cualquier fallo que ordene implementar las leyes será cumplido para evitar responsabilidades penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
La reglamentación de la emergencia en discapacidad se concretó sobre el límite del plazo fijado por la Justicia. El decreto aclaró que el Ejecutivo avanzó “sin reconocer hechos ni derechos” ni convalidar los fundamentos del fallo, sino como una decisión institucional para preservar la división de poderes.
Mientras tanto, dentro del propio Gobierno crecen las dudas sobre la viabilidad política de insistir con la derogación de las leyes educativas y sanitarias. Sectores del Gabinete y operadores legislativos admiten que no cuentan con los votos necesarios y que incluso aliados como la UCR rechazarían una nueva ofensiva contra el financiamiento universitario, por lo que algunos consideran que lo más conveniente es dejar correr el año legislativo sin reabrir el conflicto.