Estalla un escándalo en el PAMI: denuncian coimas, sobreprecios y presiones a una exfuncionaria
El PAMI se encuentra en el centro de una grave denuncia por corrupción que involucra a altos funcionarios del organismo y dirigentes de La Libertad Avanza. La exfuncionaria Viviana Aguirre, quien se desempeñó como coordinadora contable en la Unidad de Gestión Local VII, denunció una red de presuntas irregularidades que incluyen sobreprecios de hasta 700%, exigencias de coimas y designaciones políticas condicionadas.
Los ejes de la denuncia
Aguirre apunta directamente contra el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, y su segundo, Carlos Zamparolo. También involucra a Sebastián Pareja, operador político clave de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, a quien señala como responsable de articular presiones internas, designaciones partidarias y mecanismos de financiamiento con fondos del organismo.
El escándalo ha provocado una fuerte interna en La Libertad Avanza, con tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo, y ha forzado la intervención de funcionarios del Gobierno para contener el impacto político.
Quién es quién en la trama del escándalo
Sebastián Pareja: Presidente de LLA en Buenos Aires y operador cercano a Karina Milei. Proviene del peronismo y es acusado de haber armado una estructura territorial sin verdadera representación libertaria. Se lo señala como articulador de nombramientos a cambio de retornos económicos.
Mario Lugones: Ministro de Salud que ordenó una auditoría interna sobre el uso irregular de las vías de excepción, lo que destapó la posible red de desvíos de fondos públicos.
Alberto Pascual: Coordinador local del PAMI en Junín, alineado con Pareja. Su gestión quedó en la mira tras desplazar a referentes de su propio espacio, en medio de disputas internas.
Esteban Leguizamo: Titular nacional del PAMI desde diciembre de 2023. Durante su mandato se habría institucionalizado el uso indebido de mecanismos excepcionales para eludir controles administrativos.
Viviana Aguirre: Exfuncionaria denunciante. Relató que la forzaron a renunciar con la promesa de un ascenso como "directora", pero a cambio le exigieron un “retorno” de un millón de pesos. Al negarse, comenzó a recibir presiones y amenazas.