Pacientes sin medicación: la obra social IOSFA colapsa por una deuda millonaria
La crisis financiera del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) alcanzó un punto crítico. La entidad acumula una deuda multimillonaria que compromete la atención médica de más de 650 mil afiliados y, en particular, pone en riesgo la salud de pacientes que dependen de medicamentos de alto costo, como oncológicos, trasplantados, diabéticos e individuos con patologías severas.
El problema se agudiza con intervenciones quirúrgicas postergadas por falta de insumos específicos, lo que podría derivar en consecuencias graves o incluso fatales.
Sin medicamentos, sin respuestas
El caso de Mendoza, provincia natal de Betina Betsabé Surballe, actual presidenta del directorio de IOSFA, expone con claridad la dimensión de la crisis: 31 afiliados en situación crítica, entre ellos 13 pacientes oncológicos, 6 trasplantados y 12 insulinodependientes no están recibiendo sus tratamientos. Un escenario similar se replica en Córdoba, Buenos Aires y otras jurisdicciones con alta concentración de afiliados.
La razón de fondo es clara: no hay fondos para pagar a prestadores, laboratorios y droguerías. La deuda, según distintas fuentes, oscila entre $120.000 y $160.000 millones, con un déficit mensual de alrededor de $15.000 millones. Un informe de auditoría cerrado al 31 de marzo reflejó un pasivo consolidado de $126.526 millones.
Caída de credibilidad y tensión con los proveedores
Los prestadores han comenzado a negarse a cotizar medicamentos e insumos, advirtiendo que solo lo harán una vez que se cancelen los pagos pendientes. En términos de mercado, se trata de una pérdida total de confianza en la capacidad de pago del instituto, algo que su presidenta -con experiencia en finanzas- no puede revertir sin apoyo político y recursos.
Una deuda histórica del Estado
Parte del pasivo de IOSFA responde a una deuda histórica por aportes patronales no transferidos, es decir, dinero que el propio Estado debía girar. Según reveló el ministro Luis Petri ante la Comisión de Defensa del Congreso, hay un expediente vigente desde 2023 que reclama al Tesoro más de $130.000 millones, tanto por contribuciones impagas como por distorsiones en la base de cálculo del haber bruto mensual de los afiliados.
La obra social recibe un aporte del 6% del haber bruto para el personal activo y 8% para retirados y pensionados. Sin embargo, la brecha salarial entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad hace que la base recaudatoria sea desigual. Esto generó tensiones internas: algunos gendarmes y prefectos denuncian que “financian la pobreza de las tres fuerzas” a cambio de una cobertura deficiente.
¿Cambio de gestión en puerta?
En el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que IOSFA arrastra “una burocracia enorme y caída de servicios”, y adelantó que evalúan alternativas privadas o una reorganización interna para garantizar la atención.
Uno de los interesados en asumir parte de la gestión sería el Grupo Olmos, vinculado a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dueño de la Red BASA, que administra centros de salud en varias provincias. El 8 de julio, ejecutivos del grupo se reunieron con autoridades del Hospital Militar de Mendoza en lo que sería el primer paso hacia un cambio de modelo.
La Red BASA gestiona actualmente 21 centros de salud y múltiples policonsultorios en todo el país, y atiende a más de 800 mil afiliados, según datos de su web.
Un saneamiento urgente
Desde su designación, Surballe insistió en que la prioridad es sanear las finanzas de la obra social y devolverla a las Fuerzas Armadas en condiciones viables. Sin embargo, sin una intervención directa del Ministerio de Economía y una decisión política firme, la realidad marca que la salud de miles de afiliados sigue en peligro inmediato.