Argentina gana tiempo en el juicio por YPF y planea resolver la causa en 2027
El Gobierno celebró un avance importante en el largo litigio judicial por la reestatización de YPF en 2012, al obtener la suspensión temporal de la orden que obligaba a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park. Esta medida fue dictada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York y representa un respiro para Argentina, que ahora apunta a extender los tiempos del proceso hasta 2026 o incluso 2027.
La decisión judicial frenó la ejecución inmediata del fallo emitido por la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien había ordenado transferir las acciones a los fondos demandantes. El tribunal de alzada, a través del juez Steven J. Menashi, dispuso que la suspensión se mantendrá hasta que un panel de tres jueces analice formalmente la apelación presentada por Argentina.
Este avance judicial no modifica el fondo del caso, en el que el fallo inicial de septiembre de 2023 ya condenó al país a pagar cerca de 16.000 millones de dólares más intereses a Burford y Eton Park. Sin embargo, la defensa argentina confía en que la Cámara pueda revisar el monto reclamado, considerando que la cifra podría ser desproporcionada respecto al daño real.
De este modo, la estrategia nacional busca ganar tiempo, ya que la resolución definitiva del tribunal superior podría demorar todo lo que resta de 2025 y buena parte de 2026. Posteriormente, aún quedaría la opción de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que probablemente confirme la decisión pero extenderá aún más el proceso. Se estima que la causa podría cerrarse a principios de 2027, cuando Argentina podría contar con mayor margen para volver a los mercados financieros internacionales.
El conflicto judicial gira en torno a la forma en que se realizó la reestatización de YPF, más que a la decisión en sí. En 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof como principal impulsor, se compró a Repsol el 51% de las acciones por unos 6.000 millones de dólares sin respetar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que obligaba a ofrecer esa compra al resto de los accionistas. Esta omisión violó las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dado que desde 1993 YPF cotiza en Wall Street y debe cumplir con sus regulaciones.
Posteriormente, el Grupo Petersen, que tenía parte de las acciones, entró en concurso y posterior quiebra, alejándose del conflicto. La demanda fue adquirida en 2015 por Burford Capital, que desde entonces litiga en tribunales estadounidenses para obtener una compensación millonaria.
A pesar de la suspensión actual, el fallo de fondo ya sentenció que Argentina debe indemnizar a los fondos demandantes. La apelación es un requisito legal para evitar sanciones internas y políticos y funcionarios defienden esta estrategia como necesaria para proteger los intereses del país.