Denunciaron a un conocido laboratorio por haber falsificado documentos para importar fentanilo
El Ministerio de Seguridad Nacional denunció al laboratorio HLB Pharma, perteneciente al empresario Ariel García Furfaro, por falsear documentación en el trámite de renovación de la autorización para importar fentanilo ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. La firma está directamente vinculada con los casos de fentanilo contaminado que ya provocaron varias muertes en el país.
Según fuentes, García Furfaro habría presentado un certificado de habilitación municipal de San Isidro trucho. Esta presunta falsedad fue detectada por el director nacional de Precursores Químicos, Walter Klix, quien radicó la denuncia correspondiente ante el juzgado federal a cargo del juez Sebastián Casanello.
La causa quedó ahora en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien deberá investigar si efectivamente existió una falsificación documental por parte del empresario y si hubo responsabilidad penal en las irregularidades detectadas.
Paralelamente, crece la preocupación por la cantidad de muertes que podrían estar asociadas al consumo de fentanilo adulterado. Autoridades estiman que podrían sumarse otros 20 fallecidos, correspondientes a lo que se denomina cifra negra: casos que no fueron denunciados ni detectados por el sistema sanitario. Si bien aún falta la confirmación genética, fuentes vinculadas a la causa aseguran que el número total de víctimas podría ser más alto del estimado inicialmente.
En ese contexto, se confirmó un caso en la provincia de Córdoba que impactó por su crudeza: un bebé de tres meses, llamado Giovanni, fue diagnosticado con infección por Klebsiella, una bacteria presente en el fentanilo contaminado. El niño había recibido el opioide como sedante, luego de presentar complicaciones al nacer. Su estado empeoró y los análisis determinaron que el medicamento utilizado pertenecía a los lotes adulterados.
La investigación sigue abierta, con múltiples frentes judiciales, sanitarios y políticos, mientras las autoridades intentan delimitar las responsabilidades y contener las consecuencias sanitarias de uno de los episodios más graves relacionados con el uso de opioides en el país.