El futuro de la COVIAR en la mira: proponen eliminarla tras 21 años de existencia
Un proyecto de ley impulsado por el diputado Damián Arabia, del PRO, ha puesto en el centro del debate a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Esta entidad, creada hace 21 años, recauda aportes obligatorios de todas las bodegas del país mediante un pequeño porcentaje de cada litro de vino vendido. Arabia propone eliminar la ley que la respalda, lo que transformaría radicalmente su funcionamiento, generando un enfrentamiento interno entre actores políticos y empresariales clave del sector vitivinícola.
El origen de la controversia radica en el sistema de aportes compulsivos que la COVIAR impone a las bodegas. El proyecto de Arabia busca terminar con estos aportes forzosos, que son considerados por muchos empresarios del sector como un peso innecesario. Según las cifras proporcionadas por la COVIAR, en 2025 se aplicarán aportes de 0,49 centavos por litro en vinos sin indicación varietal y de 0,81 centavos por litro en aquellos con denominación de origen. Aunque estos montos son pequeños en términos absolutos, representan un porcentaje mucho mayor en los vinos más baratos, que son los más consumidos.
Por ejemplo, un tetrabrick de vino de 1.400 pesos destina un 0,035% de su valor a la COVIAR, mientras que una botella de Malbec de 2.869 pesos contribuye con el 0,021%. Sin embargo, en vinos de mayor precio, como los de más de 10 mil pesos, la incidencia es mínima, alcanzando apenas el 0,005%.
La industria vitivinícola argentina produjo alrededor de 1.100 millones de litros de vino en 2024, lo que implicaría que la COVIAR recaudó entre 600 millones y 979 millones de pesos. Además de estos aportes, la COVIAR recibe fondos de terceros, multas e intereses, lo que eleva su presupuesto para 2025 a aproximadamente 1,6 millones de dólares. Aunque esta cantidad parece significativa, representa menos del 1% de los ingresos totales de la industria vitivinícola argentina, que alcanzaron los 3.464 millones de dólares en 2024.
Los argumentos en contra de la COVIAR
Los detractores de la COVIAR, incluidos algunos actores políticos y bodegueros, argumentan que los aportes obligatorios son injustificados, especialmente cuando se considera que muchas bodegas no perciben beneficios directos de las iniciativas de la entidad. Critican la estructura de la COVIAR y su implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), que, según ellos, no ha tenido el éxito esperado desde su horizonte de 2020.
Los críticos también mencionan que la COVIAR nació en un contexto de consenso privado que ya no existe y que la industria ha cambiado considerablemente desde entonces. Acusan a la entidad de aplicar los aportes sobre los precios finales del vino, en lugar de sobre los costos de producción, lo que incrementa la carga sobre los productos más accesibles. Además, señalan que los resultados del PEVI han sido deficientes, ya que no se ha logrado mejorar el consumo interno de vino, que sigue en caída.
En cuanto a la presión impositiva que enfrentan las bodegas, los opositores afirman que el aporte a la COVIAR es irrelevante comparado con los impuestos generales, que representan el 58,3% de las ganancias de la industria. A su vez, critican la falta de transparencia en cómo se distribuyen los fondos recaudados por la COVIAR.
La defensa de la COVIAR y sus implicancias políticas
Desde la COVIAR, se defienden de las acusaciones asegurando que los fondos recaudados son esenciales para el desarrollo de la vitivinicultura en Argentina y que el sistema de aportes obligatorios es necesario para garantizar que todos los actores del sector contribuyan al crecimiento de la industria. También afirman que, si el aporte fuera voluntario, las bodegas que no lo pagaran se beneficiarían de las acciones de la entidad sin contribuir a ellas.
En el plano político, el proyecto de Arabia ha generado tensiones. En Mendoza, uno de los primeros llamados fue al ministro Lisandro Nieri, quien respondió que no había sido consultado sobre la medida. Los legisladores locales, particularmente aquellos con vínculos con el sector vitivinícola, como Hebe Casado y el ministro de Producción, Vargas Arizu, han expresado sus dudas sobre la propuesta, aunque también han dejado claro que están dispuestos a debatirla.
Desde el Gobierno de Mendoza, algunos temen que la eliminación de la COVIAR pueda afectar la estructura del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura), ya que algunos señalan que si la COVIAR cae, el INV podría estar en la mira también. Sin embargo, las autoridades del INV han asegurado que su rol es crucial para la vitivinicultura argentina, especialmente en el ámbito internacional.