El Gobierno busca flexibilizar el etiquetado frontal y reabre la polémica por los octógonos negros
El Gobierno nacional avanza en una profunda modificación de la Ley de Etiquetado Frontal y abrió nuevamente una fuerte discusión entre sectores vinculados a la salud pública, la industria alimenticia y la defensa de los consumidores. La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei apunta a reducir el protagonismo de los tradicionales octógonos negros en los envases y flexibilizar las restricciones publicitarias para alimentos y bebidas.
El proyecto, promovido desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, propone modificar parte de la estructura de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021 e implementada desde 2022. Entre los cambios que analiza el Ejecutivo aparecen la reducción del tamaño de los sellos de advertencia, la revisión de los criterios técnicos para determinar excesos de nutrientes y la posibilidad de volver a utilizar celebridades, deportistas, personajes animados e influencers en envases y campañas promocionales.
Actualmente, la normativa obliga a colocar sellos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, además de limitar la publicidad dirigida a niños y adolescentes. Desde el oficialismo sostienen que el sistema vigente perjudica la competitividad de las empresas argentinas frente a otros países del Mercosur, donde las regulaciones son diferentes y menos estrictas.
La discusión generó una inmediata reacción en Mendoza. En una nota publicada por Diario el Sol, La senadora Anabel Fernández Sagasti y el exvicepresidente Julio Cobos, impulsores de la ley original, cuestionaron el proyecto oficial y acusaron al Gobierno de ceder ante el “lobby empresario”.
Fernández Sagasti defendió el esquema actual al considerar que contribuye a prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y problemas de malnutrición, mientras que Cobos advirtió que debilitar la normativa significaría un retroceso en materia de derechos del consumidor y prevención sanitaria.
Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que el objetivo es armonizar la legislación argentina con los estándares regionales para facilitar el comercio exterior y reducir costos productivos. Legisladores de La Libertad Avanza sostienen que el sistema actual “confunde al consumidor” al colocar advertencias similares tanto en productos ultraprocesados como en alimentos tradicionales. También argumentan que el “doble etiquetado” encarece exportaciones y genera trabas burocráticas.
El debate también involucra a organismos como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Instituto Nacional de Alimentos, además de sectores productivos ligados a conservas, bebidas, golosinas, productos regionales y alimentos procesados, que debieron adaptar envases y reformular productos tras la implementación de la ley.
Mientras el Congreso se prepara para discutir el proyecto, el Gobierno analiza incluso una posible derogación total del sistema actual, lo que implicaría eliminar los sellos negros, las restricciones publicitarias y las limitaciones sobre personajes infantiles en los envases. La discusión promete volver al centro de la agenda pública, especialmente en provincias como Mendoza, donde la industria alimenticia tiene un fuerte peso económico y productivo.
*Con información de El Sol Online