El Gobierno cedió un edificio de la Ex-ESMA a fiscales federales
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la cesión de un edificio de más de 5.000 m² dentro del predio de la Ex-ESMA a fiscales federales con asiento en Comodoro Py, en el marco de la inminente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue anunciada por el Ministerio de Justicia, que argumentó razones operativas y presupuestarias para justificar la decisión.
La resolución se inscribe en la estrategia del Ejecutivo de reorganizar recursos estatales y reducir lo que considera "gastos ideológicos", bajo la premisa de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Según el comunicado oficial, el objetivo sería fortalecer la infraestructura judicial y contribuir a la "lucha contra la inseguridad", utilizando para ello edificios públicos considerados subutilizados o con funciones que el Gobierno califica de “partidarias”.
Sin embargo, la medida desató un fuerte rechazo por parte de sectores de derechos humanos, juristas y organizaciones sociales, que advierten que la decisión viola el carácter de Patrimonio Mundial otorgado por la Unesco al sitio de la Ex-ESMA, y contradice lo establecido en la Ley 26.691, que declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los espacios que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictadura militar.
Según especialistas, el uso del predio para fines ajenos a la memoria, la educación y los derechos humanos representa una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre un sitio cuya administración debe respetar un esquema tripartito y participativo, además de normas internacionales que protegen su integridad histórica.
Además del aspecto legal, la decisión también se interpreta como un gesto simbólico de retroceso en materia de políticas de memoria, verdad y justicia, ya que la Ex-ESMA no solo es un símbolo emblemático de la represión ilegal en Argentina, sino también uno de los espacios más visitados y reconocidos por organismos internacionales por su labor en la construcción de la memoria colectiva.
La cesión del edificio ocurre en un contexto más amplio de desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas a derechos humanos, y se suma a otras decisiones polémicas del Gobierno, como la paralización de programas, despidos en áreas clave y el vaciamiento de instituciones históricas dedicadas a preservar la memoria.