El Gobierno creó un consejo académico para formar agentes encubiertos
El Ministerio de Seguridad oficializó la creación del Consejo Académico para la Formación y Capacitación de Agentes Encubiertos, un nuevo organismo que funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos y que tendrá como objetivo central reforzar la preparación de personal destinado a combatir el crimen organizado y los delitos complejos, en especial aquellos vinculados al entorno digital.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 829/2025, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El consejo estará presidido por el juez y profesor Ricardo Ángel Basílico y contará con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las Fuerzas de Seguridad Federales. Entre sus principales funciones figuran el diseño de los contenidos académicos, la selección del cuerpo docente, la supervisión de los cursos de formación para aspirantes a agentes encubiertos y la implementación de instancias de capacitación continua.
También se prevé que colabore en jornadas de formación dirigidas a magistrados, fiscales y miembros de las fuerzas federales, promoviendo el intercambio de experiencias y enfoques. Las sesiones del consejo se desarrollarán mensualmente y estarán coordinadas por un ejecutivo designado para actuar como enlace con la Unidad Especial.
Desde el Ministerio destacaron que la inclusión de perfiles provenientes de distintos sectores del sistema judicial y de seguridad permitirá un abordaje integral en la formación de los agentes. El objetivo es garantizar una actuación procesal eficiente, segura y ajustada a derecho, particularmente en contextos sensibles como los operativos encubiertos.
Nuevo protocolo para delitos digitales
En paralelo, el Gobierno también aprobó —mediante la Resolución 828/2025— el Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales, que establece un marco legal para regular las tareas de estos actores clave en investigaciones vinculadas a delitos cibernéticos, financieros y redes criminales en línea.
El documento define las condiciones bajo las cuales podrán operar estos agentes, asegurando la confidencialidad, la legalidad del procedimiento y la validez judicial de las pruebas obtenidas.
Según el texto oficial, la creciente utilización de redes sociales, plataformas digitales y sitios web para la comisión de delitos hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias de investigación adaptadas al entorno digital, sin descuidar los principios de legalidad, proporcionalidad y resguardo de derechos.