El Gobierno creó un registro único para la AUH: cómo funcionará el nuevo control de beneficiarios
El Gobierno nacional avanzó en la creación de un registro único que centraliza la información de los beneficiarios de políticas sociales, una medida alineada con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el contexto del ajuste fiscal en curso.
Se trata del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta que reúne por primera vez en una misma base los datos de todas las personas que perciben asistencia estatal a nivel nacional, incluyendo programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, explicaron que el sistema permitirá contar con información “integrada, actualizada y trazable”, con el objetivo de ordenar un esquema que históricamente funcionó de manera fragmentada.
La creación del registro forma parte de las metas acordadas con el FMI. En el informe técnico del organismo fechado el 1° de agosto de 2025, se establece la necesidad de avanzar en la unificación de bases sociales para mejorar la eficiencia del gasto y la focalización de la asistencia.
En esa línea, el nuevo sistema se apoya en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, que funciona como repositorio común de datos oficiales. A partir de esta plataforma, el Gobierno podrá monitorear la cobertura de los programas y analizar con mayor precisión su distribución territorial.
El objetivo es reducir superposiciones en la asignación de beneficios, evitar filtraciones y garantizar que los recursos lleguen a los sectores que efectivamente los necesitan, sin incrementar el gasto.
El Registro Integrado incorpora herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información. Esto permitirá detectar duplicaciones en la asistencia e identificar poblaciones que actualmente quedan fuera del sistema.
Además, el cruce de datos habilita un seguimiento más detallado de las trayectorias de los beneficiarios dentro del esquema de protección social, en línea con la lógica promovida por el FMI.
Sin embargo, la centralización de información sensible vuelve a poner en discusión el resguardo de los datos personales. Según la normativa, el tratamiento deberá ajustarse a la Ley 25.326, garantizando la confidencialidad y la seguridad de la información.
En este contexto, especialistas advierten que, si bien el sistema busca mejorar la eficiencia, no explicita recortes directos en la cantidad de beneficiarios, aunque sí podría impactar en la forma en que se asignan y distribuyen las prestaciones.