El Sable Corvo vuelve a la polémica: los documentos que cuestionan la legalidad de su traslado
La decisión del Poder Ejecutivo de trasladar el Sable Corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo reavivó un conflicto que excede lo simbólico y se interna de lleno en el terreno jurídico, histórico y patrimonial. El movimiento de la reliquia, concretado el 7 de febrero, volvió a poner en discusión la voluntad testamentaria del Libertador, la cadena de donaciones posteriores y el destino final que legalmente debería tener uno de los objetos más emblemáticos de la historia argentina.
El sable, de origen persa y hoja de acero damasquino, acompañó a San Martín durante las campañas emancipadoras. Sobrio y funcional, reflejaba el estilo personal del general, alejado del boato. Fue adquirido en Londres, antes de su regreso al Río de la Plata, y se convirtió en símbolo del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado en 1812.
Tras las guerras de la independencia y su posterior exilio, San Martín dispuso en su testamento definitivo de 1844 que el sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas, como reconocimiento por la defensa de la soberanía nacional durante el bloqueo anglo-francés. Luego de la muerte del Libertador, la pieza pasó a Rosas y, más tarde, por vía testamentaria, a la familia Terrero.
En 1897, Manuelita Rosas y su esposo, Máximo Terrero, donaron el sable a la Nación para que fuera exhibido en el Museo Histórico Nacional. La correspondencia mantenida con su primer director, Adolfo Carranza, deja en claro que se trató de una donación con cargo, es decir, condicionada a su permanencia en esa institución. Así lo estableció también el decreto presidencial que formalizó el depósito.
A lo largo del siglo XX, el sable fue sustraído en dos ocasiones y, tras su recuperación, permaneció durante 48 años en el Regimiento de Granaderos por decisión del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. En 2015, fue restituido al museo, respetando la voluntad original de los donantes.
El reciente traslado volvió a judicializar el tema. Los descendientes de la familia Terrero aportaron nueva documentación que refuerza la existencia de la donación con cargo, incluyendo una carta del interventor del museo durante la dictadura, quien sostenía que la pieza debía permanecer en el museo. La Justicia solicitó además precisiones sobre las condiciones de conservación y seguridad, y especialistas advirtieron que el regimiento no reuniría los requisitos técnicos adecuados.
El debate trasciende lo administrativo. Lo que está en juego es el sentido del patrimonio nacional: si los objetos que condensan la memoria histórica deben responder a decisiones coyunturales o respetar los mandatos históricos que los convirtieron en bienes de todos. La disputa continúa abierta y, como suele ocurrir cuando se fuerza la historia, tarde o temprano vuelve para reclamar coherencia.