En Mendoza, la mitad de los juicios laborales corresponde a accidentes
En Mendoza, la litigiosidad laboral continúa siendo un tema crítico para el sector privado. Durante 2025, se iniciaron casi 10.000 juicios por accidentes de trabajo, manteniendo la provincia dentro de un nivel constante de juicios laborales.
Aunque se han implementado leyes y reformas para disminuir la judicialización, los resultados no muestran una reducción significativa. La cantidad de juicios en Mendoza tuvo picos en enero y julio y luego mostró un ligero descenso, pero en términos generales se mantiene estable año tras año.
La brecha entre lo administrativo y lo judicial
Uno de los factores que fomenta los conflictos laborales es la diferencia entre los resarcimientos ofrecidos por vías administrativas y judiciales. Cuando los tribunales otorgan montos adicionales de forma sistemática, se incentiva la presentación de juicios, incluso en casos de accidentes menores como esguinces o golpes leves.
El panorama se complica con la organización de los peritajes judiciales, que a veces muestra un desorden operativo que contribuye a la sobrecarga del sistema. Esto provoca que Mendoza, a pesar de adherir a leyes nacionales diseñadas para controlar la litigiosidad, mantenga un volumen elevado de casos.
Comparación internacional y repercusiones locales
En comparación con otros países, Argentina presenta niveles de siniestralidad similares a Chile y España, pero con muchos más juicios: alrededor de 21 veces más que en Chile y 15 veces más que en España. Esto genera un costo significativo para las empresas y sobrecarga el sistema judicial.
En Mendoza, la judicialización impacta sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que afrontan gastos inesperados y dificultades para planificar su actividad económica. La mayor parte de los juicios corresponde a casos que no dejan secuelas graves, lo que evidencia que muchos litigios buscan obtener beneficios adicionales más que responder a daños reales.
Expectativas con la reforma laboral
El sector empresarial espera que la reforma laboral contribuya a reducir la litigiosidad y facilite la formalización del empleo. La judicialización genera costos no solo para las empresas sino también para todo el sistema judicial: aproximadamente la mitad del dinero involucrado en los juicios se destina a costas de intermediación judicial, mientras que el resto llega al trabajador.
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos provincial y nacional para disminuir los conflictos laborales, la estabilidad en la cantidad de juicios indica que el desafío sigue siendo fuerte, y que es necesario que la justicia cumpla con la normativa vigente para lograr una reducción efectiva de la litigiosidad laboral.