Expectativas en Mendoza por la posible transferencia de fondos desde Nación para obras viales
En el marco de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias por la distribución de fondos, desde la gestión de Javier Milei se planteó una alternativa para Mendoza, que implica transferir recursos a las jurisdicciones con el fin de que ejecuten obras viales, siempre que se garantice la realización de los trabajos.
La propuesta surgió tras un encuentro en el Palacio de Hacienda entre el secretario de Hacienda de la Nación y los ministros provinciales de Economía y Hacienda, en el que se analizó un proyecto impulsado por gobernadores para modificar el modo en que se reparte el impuesto a los combustibles líquidos y el régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Si bien desde Nación descartaron cambiar la distribución actual argumentando que podría afectar el equilibrio fiscal, manifestaron disposición para transferir fondos destinados a obras, siempre que las provincias aseguren su correcta ejecución.
Desde la provincia indicaron que esta posibilidad se alinea con gestiones que vienen realizando hace tiempo, y destacaron el convenio vigente con la Dirección Nacional de Vialidad para intervenir ciertos tramos de rutas nacionales utilizando recursos propios, bajo un acuerdo por 36 meses.
Además, señalaron que si se concreta la coparticipación del impuesto a los combustibles para obras viales, Mendoza podría solicitar la transferencia definitiva de la jurisdicción sobre esas rutas, lo que le permitiría administrar directamente los fondos.
Esto implicaría que el plazo del convenio actual con Vialidad Nacional podría finalizar para dar paso a la transferencia total de la administración de las rutas, con los recursos correspondientes provenientes de la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Esta alternativa también facilita uno de los reclamos provinciales relacionados con la administración de peajes en las zonas incluidas en el acuerdo con Vialidad Nacional. Actualmente, Mendoza espera la autorización del Poder Ejecutivo Nacional para gestionar esos peajes, pero si se transfiere la jurisdicción sobre las rutas, esta gestión podría simplificarse o dejar de ser necesaria.
La provincia busca recuperar parte de la inversión realizada en las rutas nacionales mediante la colocación y administración de peajes, proceso que requiere autorización presidencial. Sin embargo, la cesión definitiva de la administración de las rutas podría evitar esta tramitación