NUEVAS MEDIDAS

Garrafa libre: cómo afecta la desregulación al precio del gas licuado

El Gobierno de Javier Milei eliminó los precios máximos del gas licuado, estableciendo valores de referencia no obligatorios. La medida podría impactar directamente en los sectores sin acceso a gas natural por redes.

La gestión de Javier Milei continúa avanzando con su agenda de desregulación económica. Este viernes, mediante la publicación de la Resolución 15/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó los precios máximos establecidos para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), liberando el valor de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos.

Impacto en el mercado y los hogares

La medida busca fomentar la transparencia y competencia en el mercado, según argumenta el texto oficial. Sin embargo, podría generar un impacto significativo en el bolsillo de quienes dependen del gas licuado, principalmente en zonas sin acceso a las redes de gas natural.

El Ejecutivo estableció un precio de referencia, que será publicado por el Ministerio de Economía, pero aclaró que este no será obligatorio para fraccionadores y distribuidores. Además, se eliminó la regulación de asignaciones de bocas de carga y cupos de fraccionamiento, dejando que estos recursos se asignen según las dinámicas del mercado.

Garrafa de gas

Protección para sectores vulnerables

A pesar de la eliminación de precios máximos, la resolución contempla la continuidad del Programa Hogar, que otorga subsidios directos a familias de bajos recursos y a viviendas sociales sin acceso a gas natural por redes. Este beneficio busca mitigar el impacto de la medida en los sectores más vulnerables.

Fundamentos de la decisión

El Gobierno justificó la desregulación afirmando que se apunta a garantizar un mercado que refleje los costos reales de producción y distribución, al mismo tiempo que se asegura un abastecimiento regular y de calidad. Asimismo, las empresas productoras estarán obligadas a priorizar el suministro para el consumo doméstico.

 

Críticas y desafíos

Entre los desafíos que plantea esta decisión, el principal será garantizar que las garrafas sigan siendo accesibles para los sectores populares, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.