Hebe Casado volvió a negar los 30.000 desaparecidos y estallaron las redes
A horas de que Argentina conmemore el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fiel a su estilo volvió a provocar mediante sus declaraciones. A través de un tuit publicado este sábado en X, la segunda autoridad de la provincia de Mendoza lanzó: "No queremos ese país y no fueron 30.000", en respuesta directa a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien había expresado en una entrevista: "Queremos un país como soñaron nuestros hijos, los 30 mil desaparecidos".
El timing de la publicación, a menos de 48 horas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un año en que se cumplen cinco décadas del inicio de la dictadura cívico-militar, fue leído por miles de usuarios como una provocación deliberada. La respuesta en X no se hizo esperar.
En 2020, siendo aún diputada provincial, Casado ya había comparado los muertos por COVID con los desaparecidos de la dictadura. Hecho que generó repudios generalizados.
La reacción en redes
Los comentarios al tuit de Casado se multiplicaron rápidamente. La mayoría expresó repudio. Usuarios de todas las provincias respondieron con testimonios personales, datos históricos, citas del informe Nunca Más y, sobre todo, con indignación.
¿De dónde viene el número 30.000?
El debate sobre la cifra de desaparecidos no es nuevo, pero se reactualiza cada vez que una figura pública lo pone sobre la mesa. Para entenderlo, es necesario distinguir entre lo que los organismos de derechos humanos sostienen, lo que la CONADEP documentó y lo que los propios perpetradores reconocieron en su momento.
El número 30.000 no surgió de la nada ni es una invención política. Tiene raíces históricas concretas. Ya en 1978, en plena dictadura, el entonces comandante del Ejército Jorge Rafael Videla reconoció ante periodistas que los "desaparecidos" eran "demasiados" y que oscilaban entre 22.000 y 25.000 personas. El propio represor Ramón Camps, en una entrevista publicada en 1984, estimó en 15.000 los muertos bajo su mando. Distintas organizaciones de sobrevivientes, exiliados y familiares comenzaron a usar la cifra de 30.000 durante la propia dictadura, cuando aún no había manera de documentarlo sistemáticamente.
La estimación de 30.000 incorpora también a los asesinados cuyos cuerpos fueron arrojados al Río de la Plata o al mar desde aviones, a los enterrados en fosas comunes bajo identidades falsas, a los que murieron bajo tortura sin que nadie pudiera denunciarlo en el momento, y a todos aquellos cuyos familiares no se animaron —o no pudieron— acercarse a declarar ante ninguna institución durante años, por miedo, por exilio o por desconocimiento.
Qué dijo la CONADEP sobre los 8.961 casos
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada en 1983, apenas retornada la democracia, y presentó su informe —conocido mundialmente como Nunca Más— en 1984. En ese documento, la CONADEP registró 8.961 casos de desaparición forzada debidamente documentados.
Sin embargo, el propio informe es explícito al advertir que ese número no representa el total de víctimas, sino apenas aquellos casos que pudieron ser verificados en el tiempo acotado que tuvo la comisión para trabajar. El texto del Nunca Más señala que "la lista no es definitiva" y que "tenemos la certeza de que el número real de desaparecidos es mucho mayor". Los comisionados sabían que muchas familias nunca se presentaron a declarar —por miedo a represalias, por seguir exiliadas, por no confiar en las instituciones del Estado que acababa de salir de la dictadura—, y que los propios mecanismos clandestinos de la represión habían sido diseñados precisamente para que no quedaran rastros.
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y numerosos investigadores académicos han trabajado durante décadas para ampliar esa base de datos. Hoy la nómina de casos verificados supera los 15.000, y se sigue actualizando. El propio hallazgo de restos en fosas comunes —como el del abogado mendocino Eduardo "Tero" Valverde, identificado esta semana por el Equipo Argentino de Antropología Forense— es prueba de que el trabajo de documentación no terminó.
El tuit de Hebe Casado llegó el mismo fin de semana en que la ONU emitió una advertencia sobre el retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei.