Irrigación alertó sobre un panorama cloacal muy complicado en una zona de Guaymallén
En medio de una reunión conjunta de comisiones legislativas, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, expuso ante senadores y diputados sobre la situación crítica en torno al vertido de efluentes cloacales de AySAM en la zona de Los Corralitos, Guaymallén.
La presentación se dio ante los integrantes de las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos, Economía, Energía, Minería e Industria, y Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda.
Marinelli reclamó la necesidad de un diagnóstico exhaustivo y participativo sobre el estado de los recursos hídricos en la provincia, con especial énfasis en la cuenca del río Mendoza, que calificó como “la más presionada por la densidad poblacional”. En este contexto, propuso avanzar hacia un Plan Hídrico a largo plazo, con el respaldo de la Legislatura y la participación de sectores económicos organizados, intendentes y legisladores. El plan, dijo, debería ser revisado cada cinco años para ajustar estrategias y mejorar resultados.
El funcionario fue enfático al señalar que el mayor problema ambiental en Mendoza es el de los vuelcos cloacales, y que si bien en los últimos diez años se han concretado más inversiones en obras que en las tres décadas previas, todavía hay una falta histórica de infraestructura y mantenimiento en las plantas de tratamiento.
“La clave es determinar qué uso se le da al líquido tratado, ya que no existe una ley específica sobre calidad de agua en Mendoza”, apuntó Marinelli. No obstante, remarcó que el Código de Aguas contempla regulaciones sobre ese aspecto.
Uno de los focos críticos de la exposición fue la zona de Corralitos, identificada como una de las áreas de mayor fragilidad ambiental de la provincia según un estudio de 2023. Entre los factores de riesgo mencionó la falta de saneamiento, el uso de agua potable para riego, la mala organización del riego y la existencia de vuelcos clandestinos.
En ese contexto, Marinelli explicó que se produjo un colapso en un colector cloacal que recibe líquidos de Luján, Godoy Cruz y Maipú. Esto derivó en una obstrucción que obligó a AySAM a realizar un derrame controlado de 300 litros por segundo en el canal Pescara, para poder operar en el sistema. “La alternativa era hacer un bypass, pero no se consiguió una bomba adecuada”, relató. Agregó que recientemente se incorporaron dos bombas con capacidad de 700 litros por segundo, lo que permitirá evitar nuevos vuelcos al canal.
La fragilidad de Corralitos, insistió, también está relacionada con colectores deteriorados, aguas emergentes por tratarse de una zona de vertientes, y con el hecho de que la mayoría de los usos son derechos eventuales o de desagüe, con apenas 80 hectáreas con derechos definitivos.
Desde el Departamento General de Irrigación, sostuvo Marinelli, se trabaja no solo en la distribución del recurso, sino también en la gestión ambiental del agua. Reclamó que la información sobre calidad del agua sea “pública y transparente” y convocó a los usuarios organizados a colaborar con inspecciones de cauces y a denunciar vuelcos clandestinos.
También subrayó la urgencia de contar con un plan hídrico integral y participativo, centrado en los vuelcos cloacales y la contaminación del acuífero, que permita una gestión ambiental más consciente e involucre activamente a la ciudadanía.
Respecto al reciente episodio en Corralitos, lo definió como una eventualidad y aseguró que no se reportaron problemas graves de salud ni denuncias de productores. “No ha habido ningún reclamo a municipios, AySAM, Irrigación o al Gobierno”, dijo. Además, mencionó que el Ministerio de Salud y el municipio de Guaymallén monitorean la situación y no han detectado aumentos de casos relacionados con la contaminación.
Por último, Marinelli destacó que existe una coordinación entre ministerios y municipios para abordar estas situaciones y que ya se trabaja en la identificación y ejecución de obras, con financiamiento propio y a través de ahorros. Detalló que se están desarrollando proyectos ejecutivos y que, en conjunto con el INTA, se estudia el impacto del agua en los cultivos de chacra y huerta, con el fin de garantizar que no haya riesgos para la salud.