La Corte incorporó el caso de le mendocina Florencia Romano a un compendio nacional de femicidios
El caso de Florencia Romano, la adolescente de 14 años asesinada en Maipú en diciembre de 2020, pasó a integrar el Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A diferencia de la mayoría de las sentencias incluidas, el fallo no se centra en la condena al femicida, sino en la responsabilidad civil del Estado por una falla en el sistema de emergencias.
La sentencia, dictada en 2022, surgió a partir de la demanda presentada por los padres de la adolescente contra la Provincia de Mendoza. Durante la investigación se comprobó que un vecino había llamado al 911 para advertir sobre gritos y una situación de violencia en la vivienda donde Florencia se encontraba, pero la comunicación no derivó en una intervención policial porque no se activó el protocolo correspondiente.
El tribunal concluyó que existió una omisión antijurídica por parte del Estado, al incumplirse los procedimientos previstos por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y las obligaciones establecidas por la legislación provincial y los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres. La resolución sostuvo que una actuación diligente podría haber representado una oportunidad concreta para evitar el femicidio, aunque aclaró que no era posible asegurar que el desenlace hubiera sido diferente.
La incorporación del caso al compendio nacional refuerza un criterio jurídico que trasciende la investigación y sanción de los responsables de un femicidio. El documento destaca que el Estado también tiene un deber de prevención y de respuesta efectiva cuando recibe información sobre situaciones de riesgo vinculadas a la violencia de género.
El trabajo de la Corte reúne 24 fallos de distintas jurisdicciones del país, de los cuales solo tres analizan la responsabilidad estatal por fallas en los mecanismos de protección. Además del caso mendocino, fueron incluidos antecedentes de Salta y Tucumán, donde la Justicia también determinó que existieron incumplimientos estatales en la prevención de femicidios y ordenó reparar los daños ocasionados a las familias de las víctimas.